Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) negó a Rosario Robles Berlanga la posibilidad de negociar a un procedimiento abreviado que le reduzca la condena en cuanto al proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y también acceder a beneficios jurídicos bajo el esquema de criterio de oportunidad para que no se le acuse de otros delitos a cambio de entregar información sobre los funcionarios que participaron en la estafa maestra.

Información obtenida del Poder Judicial y que obra como parte de la causa penal 314/2019 instruida contra Robles Berlanga refiere que la FGR respondió al juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplen los requisitos de procedibilidad para negociar con la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como la defensa de la ex funcionaria lo planteara en la audiencia realizada el pasado 10 de febrero, donde ofreció declararse culpable del delito que se le imputa y aportar información que lleve a revelar y llevar a juicio a los funcionarios ligados al desvío de más de cinco mil millones de pesos.

De esta manera, sigue firme la audiencia intermedia, programada para el próximo 26 de febrero, en la cual se definirá la legalidad de las pruebas con las que se definiría una sentencia contra Robles Berlanga.

Sin embargo, en la resolución judicial de la cual posee copia La Jornada, el juez Villar Ceballos le señala a la FGR que con su respuesta la institución incumplió con lo ordenado en la audiencia del pasado 10 de febrero, en la que fijó un periodo de cinco días para establecer los mecanismos de negociación entre la ex funcionaria y la fiscalía.

Robles está presa a solicitud del Ministerio Público federal desde agosto de 2019 por un delito que no está tipificado como grave. En caso de obtener su libertad por este delito, la FGR cuenta ya con una orden de aprehensión contra Robles Berlanga por delincuencia organizada, ilícito por el que no tendría derecho a la libertad bajo fianza.

De acuerdo con los documentos judiciales, la FGR envió el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021 elaborado “por la agente del ministerio público titular de la agencia vigésima primera investigadora, de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa que la imputada compareció ante la representación social mediante escrito, en el cual señaló su disposición para obtener una salida anticipada, pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

El impartidor de justicia alude también a los términos de su acuerdo y refiere: “se precisa a la fiscalía que en términos de lo instruido por el juez de control en la audiencia de 10 de febrero del año en curso, los cinco días que se le otorgaron son para informar la manera en que se instrumentará el acercamiento con las partes para concretar o formalizar la propuesta de procedimiento abreviado o del criterio de oportunidad, en la modalidad, fecha y lugar que determinen las partes.

“De ahí que si de los registros que integran esta causa se advierte que la defensa ya le presentó un escrito en que le solicitó se designe a un funcionario con capacidad de decisión con el que se puedan llevar a cabo negociaciones y evitar triangular información, estaría pendiente de la contestación a dicho escrito, así como, en su caso, la modalidad, fecha y hora en que se realizarán dichas negociaciones”, señala el acuerdo dictado ayer.