Si bien es cierto que la Pandemia le ha reducido su espacio de ingresos a muchos hombres y mujeres de buena voluntad, entre los que podríamos mencionar a aquellos que han quedado sin empleo, restauranteros, Etc., también le ha abierto las puertas a  vividores y abusivos que han hecho su agosto en un año de tristeza, soledad y muerte, entre los que destacan vendedores de oxígeno, farmacéuticos, prestamistas y hasta funerarias.

Por cierto, luego de que ayer, un grupo de amigos coincidíamos con el tema, justamente en la entrega de hoy haré referencia tácitamente a los prestamistas, lo que lleva implícita la usura. Ese pecado mortal que cotidianamente practican muchos, y quienes al final de cuentas –al igual que todos--  morirán sin llevarse nada. Y que seguramente desde el infierno, teniendo a Satanás como portavoz, seguirán cobrando esos réditos desmedidos.

En efecto, la usura, --de la mano del agiotismo--, está causando estragos en muchas de las familias sudcalifornianas, toda vez que –en su caso— la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del sector público han sido presa fácil de los que se dedican a la labor de prestamistas, incluso sin licencia para ello.

Iniciaré diciendo que precisamente dentro de las formas más comunes de fraude se encuentra la usura, que es definida por la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal mediante el tipo que castiga a quien, valiéndose de la ignorancia o las malas condiciones de una persona, obtiene de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulan réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.

Y a pesar de la tipificación anterior, y de la penalidad equiparada al fraude común, la comisión de este delito se ha tornado cosa de todos los días en nuestro país, contando incluso con la coparticipación de autoridades judiciales y auxiliares, quienes en erróneas decisiones dan entrada a controversias y sostienen decisiones que en la especie establecen intereses superiores a los del mercado.

Y hay que dejarlo muy en claro. A través de esta nociva práctica que se ha tornado sumamente perniciosa, existen miles de personas que resultan beneficiadas, toda vez que es incalculable la cantidad de dinero que circula mediante operaciones marginales que además están causando grave perjuicio –incluso-- al erario público, toda vez  que por otro lado frena la generación de la riqueza en nuestro país. Y todo, porque en la mayoría de las ocasiones estos hechos que son considerados flagrantes delitos, no son reportados ante la autoridad.

Ahora bien, esta forma de fraude, que  inclusive merece la condenación de los textos sagrados de todas las religiones existentes, se ha vuelto común no solo en nuestro estado sino en toda la República Mexicana, donde los inocentes y no los culpables, son perseguidos por la fuerza pública. Y ante la complacencia de la autoridad, --las victimas-- se ven forzadas a pagar fuertes cantidades de dinero, que según se ve, son muy  superiores a las principales sobre tasas de réditos. Y peor aún, con  interés sobre interés.

Y lo más lamentable es que antes de que los inocentes se sientan protegidas, --como víctimas de un delito--, por el contrario se convierten en víctimas de una persecución, con el riesgo de perder todos sus bienes, mediante la celebración de actas de embargo, y donde se contemplan diversas vías de apremio, sin descartar arrestos administrativos, por presumible desacato.

Por otro lado, este ilegítimo e ilícito negocio, trae consigo la saturación de los tribunales del fuero común, la corrupción de su personal y la ineficiencia del aparato judicial para administrar justicia, convirtiéndolos en mercados de venta de trámites al mejor postor, donde por supuesto, los inocentes se convierten en los perdedores, en tanto los malos, --como siempre—resultan ser los ganones.

¿Pero en este caso, quien o quienes son los responsables de que esto suceda?: los diputados. Nadie más, toda vez que, inclusive ya se ha insistido, al menos en la capital del país y en otros estados de la republica sobre la necesidad de una Ley para Proteger a las Víctimas de la Usura, que a nivel nacional ya fue presentada hace tiempo por  el diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del PRD.

Aunado a lo anterior, se ha insistido sobre la instauración de lo que sería el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura, el cual tendría como efectos, por un lado  justamente la prevención de la usura, además de la educación de la población, la garantía a las familias para la recuperación de bienes y el financiamiento para créditos que auxilien la solución de la controversia.

Sin embargo, muy a pesar de que la perniciosa práctica de la usura y el agiotaje, considerada una de las formas más comunes de fraude,  que de manera impune construyen sus nidos en Baja California Sur y en especial en esta capital, despliega sus tentáculos a diestra y siniestra  contando incluso con la coparticipación de autoridades, mientras los diputados y diputadas locales, dedican sus esfuerzos a cosas baladíes, donde destacan escalar a nuevos cargos.

Y es tan cierto que este fenómeno crece desmedidamente que, por un lado observamos los postes saturados de propaganda donde los prestamistas ofertan sus fraudes, y por otro lado vemos los “recaditos” que nos filtran a través de las puertas o portones de nuestros hogares.

En síntesis, corresponde a las autoridades actuar, pues es imposible soslayar las consecuencias funestas que han tenido en la economía nacional las prácticas usurarias, razón por la cual debe protegerse a las víctimas de estos lamentables hechos, y en su caso dar las garantías a la sociedad para evitar que esta indeseable práctica se sigan dando, pues, como ya lo dije líneas arriba, no solamente está causando lesiones a la economía familiar, sino que además provoca una gran fuga de ingresos a las arcas gubernamentales y de paso, frena el desarrollo económico de  nuestro país.  

Eso, en tanto los diputados y diputadas deben proceder cuanto antes, tomando en cuenta que estos hechos atentan especialmente contra las clases sociales más desprotegidas. Luego entonces, sería prudente establecer una Ley que tipifique el Delito Contra el Patrimonio Familiar.

Y es que, de cualquier manera estamos hablando de corrupción tanto en los tribunales, como de aquellos que practican la usura.          

 Cuestión de tiempo.