La Paz, Baja California Sur. Luego de que los deudos de tres víctimas de homicidio encararon al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, el diputado Marcelo Armenta tomó la tribuna del Congreso del Estado para para pronunciarse en contra del aparentemente entorpecimiento en dos investigaciones de homicidio y una por feminicidio en Guerrero Negro.

El legislador ofreció en tribuna una relación de los casos de Emmanuel Aguilar Montoya, Aolanis Sánchez Lucero y el más reciente, de Gerardo Martínez García, que perdieron la vida en condiciones violentas en la comunidad al norte de Mulegé.

Emmanuel Aguilar, fue asesinado a tiros por la espalda a principios del 2020. Siendo trabajador al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio involucrado en una persecución en la que testigos dijeron ver participar a agentes de la Policía Estatal Preventiva, corporación bajo las órdenes del gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La carpeta ahora reside en la capital del estado, a donde las partes afectadas deben viajar para conocer el estado de la investigación.

Aolanis Sánchez fue asesinada con tres tiros de arma de fuego en la cara mientras sostenía a su hijo recién nacido en brazos. “A la madre de Aolanis los agentes le dijeron que a su hija le pasó eso porque tenía relación con personas que se dedicaban a la delincuencia”, añadió el diputado al relatar el incidente. Descritos por el diputado Armenta como “indignantes, crueles y despiadados”, los hechos no son investigados como un feminicidio y, a pesar de que la madre de la víctima dice contar con información importante para las indagatorias, no ha sido citada a declarar a más de un año del fallecimiento de su hija.

El más reciente es el caso de Gerardo Martínez, quien fue entregado ileso a las autoridades después de participar en una riña la noche del 31 de diciembre pasado, para ser “encontrado sin vida” el primero de enero dentro de una celda de la comandancia policial de Guerrero Negro. Seis elementos de la policía municipal han sido separados de su cargo, pero a un mes del incidente ninguno enfrenta cargos. El legislador mulegino detalló además que el fallecimiento de Gerardo fue ocultado durante 48 horas a los padres. Además, el cuerpo de Gerardo no les fue entregado hasta el 22 de enero.

Como lo reportó este diario, los hechos fueron expuestos por los padres y familiares de cada una de las víctimas ante el gobernador del estado la semana pasada, cuando visitó la comunidad al norte del territorio sudcaliforniano y fue encarado públicamente por los deudos (Diario El Independiente, 1 de febrero 2020).

Marcelo Armenta expresó que, en esas tres investigaciones, se ha impedido la realización de actos de investigación, se han alejado las carpetas de investigación atrayéndolas a la capital del estado y se ha ocultado información a los familiares de las víctimas.

“De confirmarse cada uno de los señalamientos de los señalamientos de los familiares de Emmanuel, Aolanis y Gerardo, podría sostenerse que el gobierno de Carlos Mendoza Davis impide sistemáticamente el acceso a una justicia pronta y expedita a favor de sus familiares, quienes no han recibido respuestas serias y a la altura de cada una de las circunstancias”, indicó el diputado.

Igualmente, a partir de dicha confirmación, dijo que se podría confirmar que el mandatario “entorpece y obstaculiza las investigaciones penales a través de servidores públicos que trabajan bajo sus órdenes en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Las familias, remarcó Marcelo Armenta, “han sufrido atropellos a sus derechos como partes ofendidas, obligándoles a contratar servicios profesionales que les generen más confianza que los trabajadores del gobernador”, expresó, para finalizar pidiendo justicia para estas tres familias como para cada una de víctimas de la ineficiencia de las autoridades investigadoras que, insistió, “trabajan bajo las órdenes del gobernador”.