La Paz, Baja California Sur. La diputada del Partido Humanista (PH) en el Congreso del Estado, Daniela Rubio Avilés, expresó que aún hay tramos por recorrer en justicia política de género, toda vez que, aunque se imparte justicia, los mandatos del poder Judicial quedan sin efectos ante la negligencia institucional.

Al ser cuestionada respecto al laudo emitido esta semana por la impugnación que interpuso la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, la diputada Rubio Avilés estimó que el resultado emitido por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) sentaba un precedente nacional en materia de justicia para las mujeres. El TEE determinó que el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alberto Rentería Santana, incurrió en la comisión de violencia simbólica al asegurar que en Los Cabos sería un hombre quien ocuparía el espacio hacia la candidatura de dicho partido.

“Lo aplaudo. Yo creo que todas las mujeres estamos contentas de que realmente se haya impartido justicia”, expresó Rubio Avilés, recordando que la violencia política de género “no es un fenómeno o algo que sólo suceda en este estado”, por lo que estimó que la decisión del TEE de sancionar al dirigente de Morena servirá “de precedente a otros estados de la república donde va a haber elecciones también”.

A pregunta de los medios de comunicación, la diputada bio afirmó que dentro del Poder Legislativo la violencia política de género no ha sido erradicada aún.

 “Tan es así que tenemos unas medidas cautelares que pasaron de noche en el Congreso del Estado”, expresó Rubio Avilés, recordando cómo ella y otras tres diputadas que se dijeron violentadas al ser destituidas de las comisiones en las que participaban buscaron el cobijo del mismo tribunal electoral, el cual, emitió medidas cautelares ordenando al Congreso del Estado la restitución inmediata de las diputadas a las comisiones donde estaban originalmente.

“Se fue hasta la Sala Superior, que las ratificó y las amplió”, recordó la legisladora, para añadir que el Poder Judicial otorgó garantías para que pudieran realizar sus labores legislativas, inclusive, con el apoyo de la fuerza pública; asimismo, hizo memoria y recordó que en su momento declinaron a esta posibilidad “para evitar conflictos”.

 “Hubo violencia, y no sólo política, fue física”, dijo Rubio Avilés, trayendo a la memoria el momento en que las diputadas del congreso del estado intentaron solucionar sus diferencias a mordidas. “Sin embargo nosotras, en una forma de hacer más grande el problema, no aceptamos dicha seguridad, pero muchas otras medidas que se instruyeron desde el tribunal no fueron cumplidas”.

La diputada, que ha dicho que el resultado de ese conflicto lleva “hacia la nada” a la legislatura que concluye sus funciones en septiembre próximo, consideró que aún no existe una solución al conflicto que los dividió en marzo del 2020.