El gobierno de Carlos Mendoza Davis tiene 30 días para presentar información ante la Fiscalía General de la República (FGR) y defenderse de las irregularidades “graves” que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 4 millones de pesos para ampliar la cobertura de los servicios educativos en la entidad.

Diario El Independiente informó en agosto pasado que el gobierno de Baja California Sur (BCS) generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por incumplir con la norma en la transferencia, registro y destino de los recursos, por más de 4 mil 634 millones 335 mil pesos que recibió en 2019 del gobierno federal.

En aquel entonces, el documento —cuya copia posee Diario El Independiente— detallaba un quebranto a la nación por “un monto de 2 millones 111 mil 963 pesos, (sin embargo) en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 35 mil pesos, con motivo de la intervención de la ASF”.

Pero, ante los señalamientos de la autoridad federal y durante los últimos ocho meses, la administración de Mendoza Davis, de manera particular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) sudcaliforniana incumplió “los acuerdos establecidos” para darle continuidad a la auditoría.

Por lo que la suma ascendió a 4 millones 429 mil 884 pesos, más los intereses generados “por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

Se sabe que ahora, la Contraloría General de Baja California Sur “inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/679/2020, con lo que se solventa parcialmente lo observado”, es decir, una parte de estos 4 millones de pesos desaparecidos.

Por si fuera poco, la administración del gobernador Mendoza Davis “careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”, concluyó la ASF.

La bolsa económica fue aprobada en la Cámara de Diputados a finales de 2018 con la intención de ampliar la cobertura educativa en BCS durante 2019 y lo etiquetó en el denominado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Este, se distribuye desde 1993 a las entidades federativas como “apoyo económico complementario”, para cumplir con los objetivos del marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

El acuerdo se signó en 1992 entre el gobierno federal, de los estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para “elevar la calidad de la educación en todos los rincones del país”.

Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que el sistema de educación básico de BCS atendió, en 2018, a poco más de 227 mil alumnos, con 13 mil 100 docentes, que se distribuyeron en mil escuelas públicas y otras 300 privadas.