La Paz, Baja California Sur. De acuerdo con Alma Lidia Cota Ojeda, directora de investigación del observatorio ciudadano Cómo Vamos La Paz, el veto al presupuesto es un capítulo más en el conflicto de legitimidad que ha afectado la relación entre los poderes del estado, algo que no abona a la transparencia y el acceso a la información que tienen los ciudadanos sobre el destino del dinero público que se ejerce en la actual administración.

Entrevistada para Diario El Independiente, Cota Ojeda explicó que los formatos en que se presenta el presupuesto y la Ley de Egresos aprobada por los diputados del Congreso del Estado, y luego vetada por el gobernador en diciembre, impide a la ciudadanía comprender de manera clara la manera en que se dio un recorte de casi 1,200 millones de pesos del recurso público con respecto al año pasado por el ejecutivo, como tampoco la forma en que los diputados pretenden ampliar dicho presupuesto en 130 millones de pesos.

“Si uno como ciudadano quiere saber sobre el famoso capítulo 3000, que los cita una parte y otra del conflicto, si hubo reducción, si no hubo una reducción del 60 por ciento, te tienes que echar un clavado (sic.) en todo ese mundo de hojas mal escaneadas y poco claras para poder entender los números”, dijo Cota Ojeda.

En resumen, los números son un paquete económico 2021 enviado por el Ejecutivo de más de 17 mil millones de pesos, que es casi mil 200 millones más bajo que el año pasado y una ampliación de 130 millones de pesos que, sumada a una reasignación de 170 millones del capítulo de servicios personales suman 300 millones de pesos, que serían, sobre todo, asignados a obras en escuelas y caminos.

Los 130 millones “dicen que deben provenir del cobro del impuesto al turismo y aquí tenemos un conflicto en cuanto al procedimiento, primero se debe aprobar una Ley de Ingresos, y con base a la proyección se hace la distribución para los egresos”, por lo que no queda claro cómo es que el Congreso deduce que se pueden tener cientos de millones de pesos “que el ejecutivo no contempla en su propuesta de ingresos, por lo que aquí vemos conflictos de procedimiento”.

En cuanto al recorte de servicios personales, Cota Ojeda planteó que por ejemplo gastos que parecen lujosos, como el asignado para “boletos de avión”, en el Gobierno del Estado sí pudiera afectar a necesidades de la ciudadanía. Igualmente, recordó que hay un área en el DIF que se dedica a gestionar boletos de avión para que personas, niños y niñas de familias de escasos recursos puedan conseguir viajes fuera del estado para obtener atención médica especializada.

“Nos hubiera gustado ver un análisis más sustentado de los recortes y las reasignaciones, todos queremos ver fortalecidos los CECYTE o la Universidad, pero se hace sin una sustentación apropiada, si jalas las cobijas para un lado descobijas otra”, planteó.

Ni los diputados ni el gobierno estatal hicieron público el presupuesto hasta una vez vetado, esta falta de información, expresó, impide a la ciudadanía dar crédito de las decisiones que toman sus representantes.

“Estamos en nuestro derecho de saber y entender, porque lo han dicho tanto una parte como la otra y más allá del discurso, el dinero es nuestro, los recursos son nuestros, por eso sí tenemos derecho a que se informe con claridad cómo se están tomando las decisiones de nuestro dinero”, finalizó Cota Ojeda.