La Paz, Baja California Sur. Ante la muerte de una mujer en condiciones que indican violencia, las autoridades investigadoras deben activar los protocolos para la investigación hasta descartar todas las causales, expresó la licenciada en derecho y consejera estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Charlene Ramos Hernández.

La consejera ofreció su opinión profesional a Diario El Independiente respecto a las expresiones hechas públicas por la Red de Colectivas Feministas de BCS, que al inicio pidieron al Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se investiguen seis casos de violencia contra las mujeres como parte de lo que ellas consideran una “pandemia de feminicidios” que azota al país.

La especialista en Derechos Humanos recordó que las autoridades estatales cuentan, desde el 31 de marzo del año pasado, con el Protocolo de Investigación para el Delito de Feminicidio que plantea “las obligaciones del Ministerio Público, la policía que realiza las investigaciones en delitos e identifica la muerte violenta de una mujer”.

De acuerdo con este documento, precisó Ramos Hernández, “de manera automática, de oficio, la autoridad tiene las obligaciones de catalogar un delito de este tipo como feminicidio”. Por eso, opinó, el llamado de la Red de Colectivas Feministas de BCS es “más que pertinente, porque la autoridad parece aún renuente a entender la importancia de su obligación a cumplir con estos protocolos”.

“Parece haber un malentendido en que la autoridad que piensa que primero se debe demostrar que hay un feminicidio para investigarlo como tal, eso es entender completamente de manera inversa la obligación de la autoridad”, destacó Ramos Hernández.

En cambio, lo que el citado protocolo indica, es que las agencias investigadoras deben “seguir una investigación como feminicidio y únicamente en el caso en el que se demuestre con la investigación que no fue un feminicidio entonces se procedería como un homicidio”.

Ante la persistencia de sesgos y prejuicios de género que pudieran tener las autoridades, está la ley: “Para dejar claro a las autoridades que tienen la obligación de combatir sus prejuicios y estereotipos de género y asegurarse de que su investigación tenga esa perspectiva, para eso se creó ese protocolo, para eso existe la Ley, porque sabemos que las autoridades que al final del día son personas pueden tener este sesgo”.

La licenciada Ramos Hernández reiteró que ante la incidencia de casos de violencia, “la presunción debe ser como feminicidio y únicamente a través de la investigación, si se determina, si se desecha cada una de las causales de género, que no hubo una causa de género, entonces se puede hablar de un homicidio, la autoridad lo está haciendo al revés”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detecta que sólo 2 homicidios de mujeres en el estado cuentan con una carpeta de investigación como “femincidio”. Además, registra 4 homicidios dolosos y 14 homicidios culposos, pero en lesiones dolosas existen 581 carpetas registradas por la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupando el cuarto lugar nacional en lesiones intencionales denunciadas donde las víctimas son mujeres.