La Paz, Baja California Sur. El cierre de espacios públicos es una medida de seguridad sanitaria que provoca la convivencia social dentro del hogar, mientras afecta a las personas en las clases sociales menos privilegiadas. Lo anterior lo expresaron dos expertos en movilidad humana y epidemiología consultados por Diario El Independiente respecto a las medidas coercitivas que los gobiernos locales de Baja California Sur (BCS) vuelven a imponer ante un aumento en las tasas de contagio entre los sudcalifornianos.

Francisco Aguirre Riveros, médico y experto en movilidad humana, planteó que el problema del coronavirus requiere tomarse en serio y es necesario repensar si las medidas que se aplican para evitar aglomeraciones no están llevando el contagio a donde no se puede ver. Medidas como el cierre del malecón, que fue impuesta de nuevo por las autoridades estatales hace dos semanas con la intensificación del semáforo a nivel 5 (uno antes del máximo nivel posible), o la limitación de la movilidad después de las 11 de la noche como lo planteó el municipio el día de ayer, “difícilmente pueden ser efectivas para evitar el contagio de una enfermedad que se transmite, sobre todo en ambientes de socialización”.

Vemos cómo nadie le hace mucho caso a la medida, dijo Aguirre Riveros desde el malecón costero de La Paz, donde las personas pasaban incluso del lado de la playa que se encuentra acordonada, pero sin vigilancia.  “Es absurdo”, expresó sobre la idea de limitar la movilidad peatonal de esa manera en el paseo costero. “Más que medidas, son ocurrencias, los problemas están ocurriendo porque las denuncia, no las toman en serio” expresó.

El médico planteó que los gobiernos mejor deberían tomar en serio “las denuncias de que se hacen ‘covifiestas’, restaurantes y bares que no respetan medidas de sana distancia, entre otras expresiones que la ciudadanía ha señalado sin que las autoridades diseñen una política pública más efectiva para reforzarlas”. Cerrar el espacio público como el malecón “no evita absolutamente nada, en cambio, incentiva a que las personas que no pueden salir a lugares públicos, a espacios bien ventilados, donde puede haber sana distancia lo tengan que hacer a escondidas de las instituciones y arriesguen a infectar a otros”, opinó.

Por su parte, la epidemióloga Aurora Rebolledo hizo notar que “ya se cuenta con información publicada recientemente en artículos científicos que indica cómo la política de mano dura hacia la mitigación del contagio, limitando la movilidad, conlleva a una socialización intramuros, donde los riesgos de transmisión son más altos y donde una aproximación coercitiva hacia el distanciamiento social impacta de manera desproporcionada en las clases menos privilegiadas y degrada la confianza en las autoridades”.

La investigadora sudcaliforniana, egresada del Instituto Nacional de Epidemiología y consultora para distintas empresas privadas, planteó que la aproximación más adecuada, a un año de la entrada en la pandemia al mundo, se enfoca en “una política preventiva enfocada en la reducción del daño”, que reconoce que “los seres humanos tienen necesidades sociales y que busca fortalecer los mejores medios para que dichas necesidades se vean satisfechas de la forma más segura posible”.