La Paz, Baja California Sur. La Red de Colectivas Feministas de Baja California Sur exige justicia y acciones puntuales en seis casos ocurridos en el estado que consideran parte de una “pandemia de feminicidio”. Las colectivas denuncian la indolencia y falta de perspectiva de género en las investigaciones.

“Julio Rodríguez, Jesús Ernesto Chinchilla Coronado y los feminicidas de Analuisa Patrica Judith Gutiérrez Hernández siguen impunemente en libertad”, denuncia la misiva que pide acciones puntuales en seis casos de feminicidio en el estado.

Circulada a través de las redes sociales fue firmado por ocho asociaciones colectivas de feministas del estado, que expone que desde 2020 Baja California Sur (BCS) “arrastra casos de feminicidio pendientes por resolver”. Exponen seis casos en los que las autoridades omiten reconocer el componente de género en las investigaciones.

Por ejemplo, el feminicidio en Guerrero Negro que sucedió el 3 de abril del 2020, donde las colectivas denunciaron que el soldado “Máximo N” asesinó a golpes a su pareja de nombre “Anita”, para luego ahogar y decapitar a su hijo de brazos (Diario el Independiente 4 de abril 2020).

Tampoco fue considerado como feminicidio el asesinato de Bárbara Valencia a manos de su pareja en La Paz, donde, además, se negó la identidad a una mujer trans para catalogarlo como homicidio (Diario El Independiente, 24 de abril 2020).

Tampoco ha sido considerado como feminicidio el asesinato de Daniela Lino Ramírez, de 18 años, quien además padecía autismo. En este caso, iniciado el 16 de diciembre, las colectivas destacan que el Ministerio Público libero a Ernesto “N” a pesar de que existe un mandato judicial en su contra (Diario El Independiente 18 de diciembre 2020).

También exigen información sobre el asesinato de una mujer aún no identificada, encontrada sin vida el 23 de diciembre. “A 18 días de su hallazgo, las autoridades han sido incapaces, por lo menos, de dar con la identidad de esta segunda víctima de feminicidio en San José del Cabo”, señalan.

Las colectivas se dijeron conmocionadas por la violencia en medio de la cual perdió la vida Analuisa Judith Gutiérrez Hernández, encontrada sin vida el jueves 7 de enero pasado en La Paz. Las colectivas subrayan que la trabajadora universitaria “fue víctima de un crimen muy atípico”, que hace sospechar de un feminicidio más (Diario El Independiente, 7 de enero 2020).

Además, destacan el caso de Valeria Guzmán, brutalmente golpeada y luego atropellada por el vehículo de su pareja, dejándola en estado crítico, mientras el agresor sigue prófugo (Diario El Independiente 15 de diciembre 2020).

“En todos estos casos, la autoridad no ha tipificado los delitos como feminicidios y ha avanzado en las investigaciones sin incorporar la perspectiva de género”, expresaron, añadiendo que “el feminicidio es una pandemia que antecede al virus SARS-COV-2 y, ante ello, el Gobierno del Estado ha mostrado un rostro de impunidad, indolencia y negligencia ante las vidas de las mujeres”.

Las colectivas exigen atención inmediata, digna y profesional a las familias de las víctimas, la identificación de la víctima del 23 de diciembre pasado en Los Cabos, así como la impartición justicia y reparación del daño a las familias de las víctimas de todas las mujeres desaparecidas y asesinadas en BCS.

Las autoridades federales sólo reconocen dos feminicidios en 2020. Ningún comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha informado de la investigación de ninguno de los homicidios de mujeres en el estado como feminicidios.