La Paz, Baja California Sur.-  La titular del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Baja California Sur (BCS), Rebeca Barrera Amador, confirmó que el área jurídica de este organismo analiza la posibilidad de una impugnación al veto que hizo el gobernador, Carlos Mendoza Davis, a fin de garantizar los recursos para el desarrollo del proceso electoral. 


Señaló que luego el área jurídica está explorando la ruta a seguir, debido a que el presupuesto para las elecciones no puede ponerse en riesgo y “quedar en medio de un asunto político”. 


“Debe estar garantizado tal como está estipulado en la Constitución. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen que aprobarlo y publicarlo. Así está establecido. Es un mandato constitucional independiente del derecho al veto del gobernador por otros conceptos”, expuso en entrevista con Diario El Independiente. 


La presidenta del IEE BCS indicó que el Congreso aprobó un presupuesto de 187 millones y el organismo estaba considerando incluso solicitar una ampliación para poder concluir con todas las actividades. 


“Nosotros cumplimos en tiempo y forma, en el plazo establecido por Ley, primero gestionando ante el Gobierno del estado, explicando en qué actividades se está justificando el presupuesto y ante el Legislativo también”, afirmó. 


Detalló que en el presupuesto total para el IEE de este año que vetó el Ejecutivo  está contemplado el presupuesto ordinario del instituto, por 69 millones de pesos, más 96 millones de pesos para el proceso electoral y 49 millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos. 


“El presupuesto electoral no debe estar a negociación política, por las atribuciones que tenga el gobernador para vetar una ley. Se debe garantizar en términos de la Constitución. Por esto estamos explorando la ruta jurídica para salvaguardar los derechos político electorales de toda la sociedad sudcaliforniana, para que tengan unas elecciones libres, pacíficas”, enfatizó. 


Finalmente, Barrera Amador hizo un llamado tanto al Ejecutivo como al Legislativo, dijo, para que permitan garantizar esos derechos político electorales, pues insistió en que las fuerzas políticas deben contar con recursos para poder desarrollar sus trabajos y al no publicarse el presupuesto total, por ende está en riesgo esa partida de las prerrogativas para partidos.