La Paz, Baja California Sur. Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una negativa a las solicitudes de apertura de consulta pública del proyecto Rehabilitación y Estabilización de la Zona de Playa Frente al Desarrollo Turístico Costa Palmas, en La Ribera, cerca del Parque Nacional Cabo Pulmo, miembros de la comunidad expresaron públicamente que la secretaría está impidiendo a las comunidades participar en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, incumpliendo acuerdos internacionales en la materia.

Los habitantes de Cabo Pulmo solicitaron a las autoridades ambientales competentes una consulta pública el pasado 14 de septiembre, ante la preocupación de posibles afectaciones ambientales que esta obra podría causar a la región el desarrollo turístico “Costa Palmas”.

La negativa llegó meses después, para sorpresa y preocupación de los habitantes de Cabo Pulmo, quienes han desarrollado una forma de vida en torno al atractivo del delicado arrecife reconocido como el más grande del Mar de Cortés.

“Es preocupante la tendencia mostrada por la Semarnat durante los últimos años al cerrar los espacios para la participación de la comunidad local en los procesos de evaluación de proyectos turísticos que pretenden instalarse en la región de Cabo del Este, donde se sitúa Cabo Pulmo, uno de los ecosistemas de mayor riqueza ambiental en el Golfo de California y por el que hemos trabajado para su protección”, expresó Judith Castro, presidenta del comité de desarrollo comunitario en Cabo Pulmo.

La ciudadana dijo que la consulta pública en materia ambiental es un derecho de cualquier persona y un espacio valioso para fomentar el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. En ese tenor, la negativa a realizar una consulta pública fue calificada por Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), como una forma más para “obstaculizar la participación y negar la apertura de consulta pública, se contrapone a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano que establecen el derecho de participación en proyectos, actividades y otras autorizaciones ambientales”.

La especialista en Derecho Ambiental citó el artículo séptimo del Acuerdo de Escazú, firmado por el Estado Mexicano y que le compromete a asegurar y garantizar los mecanismos para la participación del público en las decisiones ambientales.

El proyecto “Costa Palmas”, antes Cabo Riviera, se sometió a evaluación ante la Semarnat, de forma fragmentada desde su inicio en 2007, por lo que la autoridad no contempló los impactos ambientales de manera conjunta al emitir la autorización de impacto ambiental al proyecto.

Los impactos no considerados obligaron a los prominentes a solicitar autorización en 2018 para modificar el cauce de los arroyos Santiago y Los Pocitos, sobre el cual fue construido el proyecto, y ahora pretende realizar obras para recuperar la playa erosionada frente al complejo turístico, situación ocasionada por sus propias instalaciones.

“Hacemos un llamado a la Semarnat para que deje de autorizar proyectos sin considerar sus impactos ambientales de manera acumulada, vulnerando el derecho constitucional de las comunidades a un medio ambiente sano”, expresaron, pidiendo respeto al derecho al acceso a la información y a la participación pública para los habitantes de la zona conocida como Cabo del Este, y exhortando a la agencia ambiental mexicana a que cumpla con lo señalado en la legislación nacional y las obligaciones adquiridas al ratificar el Acuerdo de Escazú.