La Paz Baja California Sur. Por hechos denunciados el 3 de junio del 2020, que involucran la sustracción ilegal de un menor y la revictimización de una víctima de violencia por el crimen organizado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 03/2020.

La recomendación es sobre el caso de personas desplazadas forzadamente y la simulación de entrega de documentos de custodia con los que le quitaron sus hijos a la mujer de nombre Verónica Chacala, para favorecer a su suegra.

La recomendación relata cómo la víctima, huyendo de la violencia que acabó con la vida del marido y padre de sus hijas de 13 y 9 años respectivamente, viajaron del estado de Jalisco al poblado de Benito Juárez en Comondú.

El documento plantea diversos actos que involucran el uso indebido de la fuerza pública, violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica y violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por lo que recomendó diversas acciones para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y sustracción de menores sin el consentimiento de la madre.

Mientras la mujer se encontraba en una vivienda ubicada en el poblado Benito Juárez, junto con sus hijas, dos policías municipales de la localidad que ofrecieron apoyo a servidores públicos, aparentemente de la Subprocuraduría de Atención al Menor y la Mujer, simularon ejecutar una orden de custodia.

La CEDH determinó en la recomendación girada al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, y al presidente municipal de Comondú, Walter Valenzuela Acosta, que “la intervención del subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en Comondú y La Policía Municipal fue indebida, fuera de los márgenes de la ley”.

Entre las recomendaciones, la CEDH solicita que se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, con fundamento Ley General de Víctimas y Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California Sur. Además, la comisión recomienda a las autoridades municipales y a la Procuraduría del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgar garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños y personas en situación de desplazamiento interno, reconociendo en todo momento el interés superior del menor.

En particular, tanto al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Comondú, como a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en ese municipio, la CEDH recomienda que proporcionen atención psicológica a las víctimas por personal profesional especializado y de forma continua hasta que alcance su sanación psicológica y emocional, atendiendo a su edad, condición de salud física y emocional, y especificidades de género, de forma inmediata, gratuita, en un lugar accesible para la víctima y brindando información previa, debiendo otorgar, en su caso, la provisión de medicamentos, y se remitan a esta Comisión Estatal las pruebas que acrediten su cumplimento.

Hasta el momento, la familia que fue víctima de la sustracción de los menores no ha podido reunirse debido a que no se puede saber el paradero del menor de 9 años desde que las autoridades simularon la custodia y lo sustrajeron en Comondú.