La Paz, Baja California Sur. Dos Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) coincidieron en que el Cabildo de La Paz no tiene facultades para determinar un cambio de uso de suelo, toda vez que sus decisiones deben atender un dictamen técnico basado en la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano pautado por el propio municipio.

Así se expresaron desde sus instancias tanto el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), como el observatorio ciudadano Cómo Vamos La Paz (CVLP) respecto a los acontecimientos que trascendieron en sesión extraordinaria del Cabildo del XVI Ayuntamiento de La Paz.

Cabe recordar que el cuerpo edilicio determinó desechar cuatro procedimientos de cambio de uso de suelo porque la comisión de Desarrollo Urbano los dictaminó como “no procedentes” (Diario El Independiente, 17 de diciembre del 2020).

Mario Sánchez, director regional de CEMDA, expresó que el cabildo “no tiene nada qué hacer” respecto a la determinación que tomó al rechazar el dictamen propuesto por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología para dos predios donde se pretende construir el desarrollo inmobiliario conocido como “Puntanorte”, y dos más promovidos por particulares, para luego turnarse a otra comisión, la de Gobernación, que presiden el propio alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez.

“Independientemente de la comisión en la que esto se analice, no tienen nada que hacer los regidores sobre los cambios de uso de suelo, es decir, en torno a un instrumento de ordenamiento como es el Plan de Desarrollo Urbano”, estimó Mario Sánchez al indicar que el dictamen de la comisión de Gobernación debería ir en el mismo orden que el dictamen que se presentó en la sesión extraordinaria del martes pasado.  

“Pero es más allá de eso”, añadió que procesos como los que se están dando “no deberían de existir en el cabildo”. En opinión del experto en derecho ambiental, las propuestas de cambio de uso de suelo deberían de quedarse como mero trámite en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología que cuenta ya con el PDU aprobado por el cabildo para normar la asignación de usos de suelo y que fue producto de un proceso de investigación por parte de un cuerpo de expertos y deliberación por todos los sectores sociales en comisiones que lo preparan.

“Para eso existe la depuración entre direcciones y entes de un Ayuntamiento”, manifestó, para añadir que las facultades constitucionales que se otorgan a los gobiernos de los municipios son interpretadas al revés en el caso de los usos de suelo, “es como si pidieras al Cabildo que te dé una licencia de conducir, lo que el cabildo debe de decirle al ciudadano es que hay una dirección de tránsito que creo para eso”, ejemplificó. “No tiene facultades, por más que se pueda cambiar de comisión no van a hacer legal poder tomar decisiones en torno al cambio de uso de suelo”, expresó, y dijo que cualquier persona que se pueda decir afectada pudiera interponer acciones legales en la materia: “debemos manifestar nuestra preocupación respecto a los actos ilegales que están cometiendo”.

Por su parte, el observatorio ciudadano Como Vamos La Paz divulgó un mensaje donde expresó que los regidores y el presidente municipal son entes públicos que deben de hacer sólo lo que les permite la Ley. “Lo que decía el cabildo fue histórico, porque el Ayuntamiento reconocía que no era su facultad hacer ese tipo de cambios (de uso de suelo) y que era necesario un proceso de actualización del PDU”, expresaron Alma Cota y Yuma Pérez, integrantes del observatorio.

De acuerdo con la opinión de la organización, que ha dado un seguimiento cercano al trabajo del cabildo y la transparencia de sus funciones en el Ayuntamiento, “no se necesita ser adivino ni mago para saber cómo va a salir el dictamen de esa comisión”, coincidiendo con lo que CEMDA dijo a este medio respecto a que lo sucedido en el cabildo tiene visos “de ser un acto de ilegalidad”.