La Paz, Baja California Sur. Cansados de lo que llamaron abusos y prácticas de competencia desleal, los integrantes de la asociación de transportistas que opera en el Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León, en la capital del estado, reiteraron el llamado que por un año han venido haciendo a distintas autoridades federales y estatales para mantener el espacio de trabajo que han empleado por tradición durante casi 50 años.

“Desde el 2017 nos quieren sacar. Ahora nos permitieron renovar el contrato para arrendar un local al interior del aeropuerto donde boleteamos a los pasajeros, luego no nos dejan usar la rampa de ascenso que usan los transportistas y ahora ni siquiera nos dejan usar los baños”, relató Eva Castillo, integrante de Transportaciones de Aeropuertos de La Paz S. A. de C. V., compañía que desde los años 50 cuando inició sus operaciones el aeropuerto de la capital del estado y había venido prestando de manera ininterrumpida el servicio de taxi aeroportuario.

Y es que, además de los permisos federales, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aparentemente cobra a los transportistas por el derecho de usar las instalaciones y las vías de acceso al aeropuerto.

Acompañada de otros transportistas, Eva Castillo expresó que desde la llegada del GAP, la empresa que administra el aeropuerto de La Paz, se ha obstaculizado la participación de la empresa que da sustento a más de 80 familias para favorecer a 4 compañías foráneas que actualmente gozan de preferencia.

Mientras las compañías afines al GAP pueden boletear a los pasajeros desde la zona donde se encuentran las bandas de equipaje, pueden usar las rampas preferentes de ascenso y descenso de pasaje e inclusive usar los sanitarios.  

 “Los trabajadores ya no quieren venir porque están siendo acosados, no sólo por los trabajadores del aeropuerto sino por la competencia. Las otras compañías molestaban a las chicas de ventas y la administración del aeropuerto no hacía nada”.

“Vean los vuelos”, indicó hacia la zona de descenso de pasaje donde cientos de pasajeros estaban buscando un transporte en el momento de la entrevista, “para todos hay”, expresó, y añadió que el agotamiento por años de lucha los está llevando al punto de la manifestación.

“Luego de años de lucha legal, la compañía se ve al borde del colapso, de 25 unidades ya sólo nos quedan 5. Nosotros estamos en la mejor disposición de renovar las concesiones, tramitar las placas, conseguir los permisos, pero nos siguen amedrentando, nos están hostigando, los trabajadores ya temen por su integridad y no se presentaron a trabajar hoy”.

La gota que derramó el vaso fue el uso de los sanitarios “pues nos dijeron que si no teníamos contrato con ellos no los podíamos usar, así como pues”.

Hartos de acoso del GAP, los inconformes relataron que fue del conocimiento, en su momento del entonces delegado de programas federales Víctor Castro y del director de Transporte Julio César Medellín Yee, por lo que hizo un llamado al titular de la Secretaría del Trabajo en el estado, Gustavo Hernández Vela Kakogui, a que revise la situación que, dijeron, está afectando gravemente la economía de los asociados a la empresa.