La Paz, Baja California Sur.- Diputados de Partido Encuentro Social presentaron en el Congreso de Baja California Sur una iniciativa para reformar los artículos 9 y 10 de la Constitución Política del estado y establecer el pin parental, a través del cual los padres de familia o tutores revisarían, evaluarían y aprobarían o no el contenido educativo, especialmente sobre sexualidad. 

La iniciativa fue leída en tribuna por la diputada Lorenia Montaño Ruiz, quien expresó que se busca que los padres tengan un rol activo en la educación de sus hijos, conociendo y decidiendo sobre el contenido y argumentó que tienen derecho a ello. 

“El derecho de educar a los hijos es un derecho inalienable de los padres, lo cual quiere decir que se trata de un derecho que no puede ser transferido, es un derecho del dominio único de los padres que no puede ser trasmitido y mucho menos arrebatado por otras personas, sean esas físicas o jurídicas, lo que en esencia quiere decir, que nadie ni el Estado puede suplantar a los padres en el derecho de educar a sus hijos”, expuso. 

Entre las adiciones que plantea a los artículos 9 y 10 de la Constitución, se encuentran que los padres o tutores “tendrán derecho a expresar a la autoridad educativa, tanto pública como privada su consentimiento previo y por escrito” para revisar y evaluar el contenido de las actividades a través del llamado del Pin parental, en donde se autorizaría o no el que los niños y niñas participen  o no “en cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad del hijo o pupilo”. 

En un siguiente párrafo establece que los padres o tutores podrían entonces rechazar que los niños participen en estas actividades escolares consideradas a su juicio “que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, y que “deberá ser respetada por autoridades educativas, sean públicas o privadas”. 

En el artículo 10, la iniciativa adiciona la “obligación” de autoridades educativas a que soliciten por escrito el consentimiento de los padres o tutores para que los hijos participen en estas actividades y que respeten “su oposición o negativa”. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictaminación. 

Organizaciones civiles locales, especialistas e investigadores y activistas manifestaron su rechazo a la propuesta que firmaron los tres diputados del PES, al considerarla violatoria de los derechos humanos de la infancia. 

Además, recordaron el rechazo de la Organización de las Naciones Unidas, al respecto del “Pin parental”, en diversas partes del mundo, el caso más reciente, la iniciativa aprobada en junio en Aguascalientes, que fue controvertida y calificada de anticonstitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya la analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Colectivo La Paz es Diversa rechazó la iniciativa y expresó que “atenta contra el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Nace de la ultraderecha conservadora y carece de fundamentos”. 

Agregó que busca impedir que las infancias y adolescencias del estado accedan a una educación laica y con fundamentos científicos.