La Paz, Baja California Sur. Solicitaron camioneros de carga de Las Pocitas, Baja California Sur (BCS) una auditoría a la obra de limpieza y desazolve del arroyo, por considerar irregularidades en su otorgamiento a la empresa Artekk Construcciones SA de CV, denunciaron.

Los camioneros exigieron que se otorgue trabajo a los transportistas locales, para retirar un bloqueo que realizan en el lugar; señalan haber sido desplazados, de acuerdo a Raúl Hernández García, representante del Sindicato de Transportistas de Las Pocitas SA de CV.

En entrevista para Diario El Independiente, dijo necesario que se revise el contrato de la licitación LO-016B00985-E105-2020, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

“La empresa ganadora no tomó en cuenta a los lugareños, tanto en el transporte, como la maquinaria que existe […] son alrededor de 40 familias que incluyen esas sociedades, pues ha sido afectadas obviamente con el tema de la pandemia y lo económico”, explicó el denunciante. “No han sido consideradas para los trabajos que se van a realizar. No consideraron el plan de desarrollo que a nivel nacional lo marca la ley. Se tiene que incluir a los pobladores, ver qué recursos tiene la gente para hacer el trabajo, mano de obra”, añadió.

Hernández García explicó que al menos un 30 por ciento de la mano de obra debe ser local y tienen derecho a la mano de obra; además aseguró que deberían participar de un 3 a un 5 por ciento de “personas con discapacidad”.

“Tratamos de comunicarnos y nos argumentan que pues no había camiones y que ellos ya tenían un Sindicato que iba a efectuar el trabajo en Las Pocitas, la Asociación Sindical de Trabajadores en la Construcción en General [Astrac]”, aseguró el lugareño.

“Esto fue este 19 de octubre, pero la licitación fue en 2017 y no se acercó a incluir a los compañeros. Participaron 34 empresas, las cuales en la más económica era de 27 millones y fracción, la que estuvo la mayor fue de 49 millones y fracción”, expuso, y dijo que la empresa ganadora presentó una propuesta cara de 44.6 millones de pesos, a pesar de que reiteró no cuenta con experiencia de acuerdo a los requerimientos de la Conagua, es decir, tener en su haber 3 obras de la misma índole […] Nada más tiene 2. Es muy extraño, porque esta empresa participó también con otra propuesta. El mismo socio de ambas empresas participó en la licitación de Conagua y nunca se acercó ni nos tomó en cuenta”, añadió Hernández García.

Además aseguró que esto sin tomar en cuenta los “gastos extraordinarios” que se generarán, ya que no vienen dentro de la propia licitación, que dijo son “trabajos de despalme y desmonte”.

“Es decir, tienen un buen colchón como para incluir a los compañeros, lo que se exige, es un monto bastante considerable. Nosotros hace 4 años trabajamos con la empresa GEMA, no tuvo inconveniente en pagar lo que estamos pidiendo”, señaló el transportista.

Hernández García dijo que su costo es de 510 pesos por viaje de 3 kilómetros por camión de 12 metros cúbicos; dijeron que esto a pesar de que “subió todo” y que además, es un punto “a tratar”.

“Les llega trabajo cada 4 o 5 años a los compañeros y que llegue un sindicato a modo de la empresa, venga a quererlos desplazar y llevar camiones de La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Ciudad Constitución a querer acaparar el trabajo […] siento que es un abuso”, relató.

El socio mencionado se llama Alejandro Pérez, dijo Hernández García para Diario El Independiente, quien cuenta con un equipo de arquitectos que se “dedican a la edificación” y que “sí tiene experiencia”; pero aseguran que la empresa, como tal, “no cumple” con los requisitos.

“Hacemos un llamado a los 3 niveles de gobierno que volteen a ver a Las Pocitas. Hay una gran demanda, no es justo que quieran desplazarlos del trabajo que por ley les corresponde, por derecho les corresponde”, añadió.

Se han entregado documentos al propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que revise la situación y sea precisamente “auditada” esta obra. Además fueron denunciados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que consideran “que todas las dependencias involucradas o que se puedan involucrar” deben tener conocimiento del asunto.

A través de un pronunciamiento en el Congreso de BCS, hecho por la diputada Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), ésta dijo que se expuso la problemática en la máxima tribuna del estado.

“Queremos ser escuchados, atendidos, que nos den una solución a favor de lo justo, lo que estamos peleando en la localidad con nuestros transportistas y todo el equipo de trabajo que tenemos en el poblado”, añadió. “El contrato es de 44 millones aproximadamente, sería más de la mitad en cuestión de derrama porque se estima entre la carga y acarreo cerca de la mitad para cada tema de trabajo. Sin considerar extraordinarios que no vienen incluidos”, finalizó.