La Paz, Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga a mujeres por haber decidido terminar con su embarazo; uno de estos procesos está por alcanzar sentencia.

De acuerdo con cifras oficiales de incidencia de delitos del  fuero común conducida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), al corte del mes de septiembre se han registrado 7 denuncias por aborto en 2020: una en febrero, dos en marzo, una en abril, dos en mayo y una en septiembre.

Según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), liberada a través de una investigación conducida por la periodista sudcaliforniana Beiren Esliman y compartida con este reportero, estos 7 casos son todas denuncias donde se persigue a la mujer por terminar la vida del producto siguiendo el Código Penal vigente del estado.

La información en poder de los medios de comunicación confirma que 6 de los casos de estas mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, aún se encuentran en investigación, mientras uno en el municipio de Los Cabos ya se encuentra judicializado, es decir, está a punto de dictarse sentencia.

Las denuncias provienen de tres diferentes agencias del ministerio público dos pertenecen al municipio de Comondú, otras dos en el municipio de Loreto y tres de ellas se están investigando por en Los Cabos.

“No debe haber ni un solo caso de mujeres criminalizadas por tomar una decisión”, expresó para este medio recientemente la activista Mónica Jasis Silberg, directora del Centro Mujeres A. C., que ofrece atención y asesoría a mujeres que sufren distintos procesos de victimización. “El problema del aborto en Baja California Sur y en México es un problema de acceso a la justicia reproductiva, porque las mujeres ricas y que tienen recursos van a ir con un médico privado y todo queda ahí”.

Algo que vio muy diferente con respecto a la clase social menos favorecida, pues, “en cambio, las mujeres pobres tienen problemas para reconocerlo, para decir: sí, mi marido me viola, y esas mujeres deben llegar a los servicios públicos”.

En su momento a la activista le extrañó la estadística, en el sentido de cursos y talleres de sensibilización en materia de género y derechos reproductivos que se han promovido entre las instituciones y el personal encargado de la procuración de justicia en el estado. No obstante, mientras el Código Penal de Baja California Sur (BCS) sigua criminalizando a las mujeres por tomar decisiones en términos de sus derechos reproductivos, como lo hace en su artículo 156. Al parecer esta será una problemática que continuará revictimizando a las mujeres sudcalifornianas que se ven orilladas a tomar la difícil decisión de abortar en un estado que criminaliza la decisión de practicarse un aborto.