CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 35 organizaciones del sector cultural que integran la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC) manifestaron su apoyo en favor de las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que pretende establecer el concepto de Remuneración compensatoria por copia privada, en favor de artistas y creadores.

La iniciativa pretende que sean los fabricantes e importadores de dispositivos móviles y electrónicos que cuenten con la capacidad para almacenar y transmitir archivos o imágenes, realicen un pago único de 149 pesos, aproximadamente, por cada dispositivo que facilita el almacenamiento y la transmisión, captura y grabación de música, películas, libros y obras de arte en formato digital de manera ilimitada y libre, como sucede con computadoras, iPads y teléfonos inteligentes.

Cuando empezaba internet, alguien articuló la frase ‘internet is free’ y se pensó que hacía referencia a lo gratuito, pero en realidad habla de la libertad. Esto es un problema y estamos pasando de esa idea de espacio público gratuito a espacio privado cobrado”, dice a Excélsior Carlos Anaya Rosique, representante de la coalición.

Pensemos que cuando el fabricante de un teléfono celular vende el aparato sólo para hablar, su costo no rebasa los dos mil pesos, pero un teléfono inteligente que puede costar hasta 30 mil pesos eleva su precio porque posibilita bajar música, libros, chats y tener todos estos elementos. Significa que entre más elementos tiene, el teléfono cuesta más. En este punto hay un beneficio para el fabricante, quien desarrolló un software”, explica.

A partir de esa idea surge una pregunta obvia: ¿qué porcentaje de ese costo es para creadores y artistas que crean los contenidos? “Porque esos aparatos permiten la reproducción de contenidos y, quienes los fabrican, se benefician de ese recurso económico y deben compensar a los creadores, a los titulares de derechos y derechos conexos”, abunda.

En este punto comienzan las confusiones. Porque algunos fabricantes acusan que ese costo se convertirá en un impuesto, pero no es así, dado que el Estado no lo va a cobrar. Más bien, los fabricantes entregarían ese monto a través de las sociedades de gestión colectiva y de un organismo llamado Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Indautor, aclara, es el organismo que se encarga de regular las sociedades de gestión colectiva y quien definiría si habrá una ventanilla única para el beneficio de los creadores sin importar si son asociados o no a organismos como Sogem o Caniem.

¿De cuánto sería dicha aportación de los fabricantes? “Hay mucho ruido en la línea y se dice que los usuarios acabarán pagando más, pero estoy seguro que no. La iniciativa plantea que son los fabricantes y será por única vez por cada dispositivo, es decir, no se trata de un pago mensual. Si el fabricante vende el aparato en 30 mil pesos sólo tendrá que pagar un máximo de 149 pesos por un dispositivo y después éste podrá circular sin problema. Así que no es un impuesto ni es algo que se haga de manera reiterada”.

HABRÍA BECAS

Anaya Rosique recuerda que la iniciativa se gestó en la Cámara de Diputados, en abril pasado, cuando empezaba la pandemia de covid-19. Fueron siete sesiones de parlamento abierto y conversaciones con representantes de todos los sectores e industrias entre mayo y junio, con la cual se busca modificar los artículos 40, 148 y 232 y la adición de los Artículos 40 bis, 40 ter, quater, quintus, sextus, 212 bis y la fracción III bis del artículo 231.

Se espera que la iniciativa alcance el pleno de la Cámara de Diputados para luego ser enviada a revisión a la de Senadores y se busquen consensos para su aprobación.

¿Y esto sería para todos los artistas? “Sí, para todos. A veces pensamos en creadores que ganan mucho, como algún libro de Mario Vargas Llosa y uno cuestiona si le hace falta. Claro que sí. Además, porque incluye otros beneficios”.

¿Cómo cuáles? “La copia privada también establece porcentajes de previsión social y garantiza que toda la comunidad cultural tenga acceso a servicios médicos, becas para gente que está estudiando arte, entre otros estímulos”.

¿De qué porcentaje se hablaría? “Habría 10% para promoción cultural, (fomento cultural en educación artística y en estímulos a la creación) y otro 10% para previsión social, como asistencia social, gastos médicos y de marcha asesoría legal, testamentaria y fiscal”.

Por último, el también editor y expresidente de la Caniem recordó el caso de la escritora Fernanda Melchor, autora de Temporada de huracanes, quien fue criticada en redes sociales por oponerse a la transmisión de su libro a través de PDF.

La crítica se queda en la superficie, pero nosotros creemos que los artistas no viven por amor al arte, sino que necesitan recursos para vivir. Así que nuestro objetivo es la defensa del derecho de autor y, en este sentido, uno de los puntos en donde éste se encuentra débil es en la copia privada”.

A menudo pensamos que el músico, el escritor, el director de cine o el autor de una obra de teatro o de danza crean piezas para el entretenimiento de todos, sin que nos importe de dónde les llegará dinero para que puedan continuar con su trabajo creativo. Ojalá entendiéramos que ése es su trabajo y que tienen derecho a vivir de eso”, concluyó.

La Coalición por el Acceso a la Cultura congrega a asociaciones como Músicos Ejecutantes de México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la Sociedad de Autores, y Compositores de México (SACM), la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), así como Cempro, AMPI, Somexfon, EMMAC, Pronafon y otras más.