CIUDAD DE MÉXICO.

La exsecretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, conocida como Maraki, fue inhabilitada por 10 años y, junto con dos integrantes de su equipo, deberá pagar una multa por 59 millones 313 mil 462 pesos, informó ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La razón estriba en que los funcionarios autorizaron donativos por ese mismo monto a la asociación civil Puerto Cultura para conformar el Museo de Museos al interior del Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, el cual nunca se llevó a cabo. Sin embargo, expertos en política pública observan el hecho como una medida efectista que terminará en los tribunales sin mayor consecuencia.

Según datos históricos, el Palacio del Marqués del Apartado se ubica en la esquina de Donceles y República de Argentina, construido por Manuel Tolsá entre 1795 y 1805, por lo que cualquier modificación debe ser informada y avalada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De este inmueble, el propio INAH extrajo el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH –también llamado Archivo Nacional de Arqueología–, que desde 2018 permanece en una sede temporal sin las condiciones adecuadas.

Pero volviendo al inexistente Museo de Museos, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Cultura detalló que los tres funcionarios “no obtuvieron la autorización previa del INAH para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales”.

Además, que la entrega de dichos donativos se llevó a cabo en dos partes, una por 50 millones de pesos, en marzo de 2017; y otra por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, “sin considerar las normas aplicables”, por lo que causaron un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”.

Ante tales irregularidades, apuntó el OIC, se inhabilitó por 10 años a los tres funcionarios y una multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada uno de los exservidores públicos de dicha dependencia que tuvieron responsabilidad, entre los que ubica el exoficial Mayor de la entonces SC (Francisco Cornejo) y la exdirectora general de Administración (María Eugenia Araizaga).

El procedimiento sancionatorio, abundó la dependencia, inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), de noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.

Para lo cual “practicó una auditoría, brindando a los involucrados todas las garantías para su defensa, y resolviendo que no cumplieron con las responsabilidades inherentes a su encargo”, con lo que Maraki, nombrada secretaria de Cultura del CEN del PRI en septiembre de 2019, se convirtió ayer en la segunda secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública.

La primera fue la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial”, abundó la SFP.

Según la relación de donativos registrados ante la SHCP de 2017, la SC de Maraki utilizó la partida 48101 para entregar los 59 mdp a la asociación civil Puerto Cultura para “crear un nuevo modelo de museo cuyo eje conceptual se fundamente en la interpretación de los objetos y expresiones culturales que ahí se exhiban”.

Además, “su discurso deberá fundamentarse en actividades de investigación, documentación, conservación y exhibición para difundir así lo más representativo del patrimonio cultural de México; y se complementará con novedosas tecnologías museográficas y tendrá por nombre el Museo de Museos (el cual) cubrirá temas y periodos desde la prehistoria hasta la actualidad, contando con servicios para todo tipo de público”, abunda la justificación. Y utilizó la misma partida al siguiente año.

La noticia fue revelada ayer por Humberto Musacchio en Excélsior, en su columna República de las Letras.

Este diario solicitó a la SFP detalles sobre la sanción y si existe algún proceso legal en curso o algún castigo para Puerto Cultura A.C., pero hasta el cierre de esta edición no aportó información adicional.

MARAKI RESPONDE

 Cuatro horas después del anuncio, García Cepeda respondió al señalamiento de la SFP en su cuenta de Twitter y afirmó que las sanciones impuestas por el OIC “son notoriamente infundadas”, por lo que “las impugnaré ante las autoridades competentes dentro de los plazos que me concede la ley”.

Aseguró que ya ha aportado “documentación soporte sobre las decisiones administrativas que se tomaron en su momento”, por lo que “contribuyo con las instituciones a aclarar debidamente cada punto sobre este caso”.

Y agregó: “He trabajado siempre bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y el apego irrestricto a la legalidad en mis más de 40 años de servicio público”.

Por su parte, Arturo Saucedo, experto en políticas públicas, dijo a este diario  que sólo se trata de un caso mediático que será llevado a litigio y posiblemente descartado. “Es un anuncio efectista que no va al fondo del problema, porque tenemos una serie de observaciones, sanciones e irregularidades en el otorgamiento de recursos a ese proyecto, pero la pregunta es: ¿por qué se hizo a través de una donataria?”, señaló.

¿Qué observa para los siguientes días? “Un litigio, es decir, les notifican la inhabilitación y la sanción a los implicados y emprenderán un litigio, por lo que un juez determinará si la documentación con que cuentan (oficios, acuerdos, sesiones de trabajo o memorándum) avala o no la autorización del INAH al proyecto”.