Ciudad de México

La Fiscalía Especial para el Caso Iguala fracasó en dos intentos por obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisivas para evitar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron funcionarios federales.

Los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

En agosto pasado, se dio a conocer un informe de los avances que llevan las nuevas indagatorias del caso Iguala y se anunció que ya se habían obtenido órdenes de detención en contra de varios integrantes del Ejército Mexicano, que estuvieron comisionados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala en la fecha en que sucedieron las 43 desapariciones.

Fuentes federales revelaron que en las nuevas pesquisas, el Ministerio Público federal ha pretendido que se liberen mandamientos de captura en contra del teniente Joel Gálvez Santos y del soldado Eduardo Mota.

El teniente Gálvez Santos compareció el 17 de agosto de 2017 ante la FGR y en sus declaraciones rechazó haber tenido conocimiento de que los informes que se emitían del C-4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo de Seguridad Pública) no le eran enviados ni tampoco participó en las acciones de búsqueda de los estudiantes de la Normal Isidro Burdos de Ayotzinapa, Guerrero, tras su desaparición; sin embargo, es mencionado por familiares de los normalistas como uno de los integrantes del Ejército que pudieran proporcionar datos en pro de la localización de las víctimas.

En tanto, el Ministerio Público federal ha solicitado al juez que se otorgue una orden de arresto en contra del soldado Eduardo Mota, quien conducía una motocicleta el día 26 de septiembre y fue testigo de cuando los normalistas eran agredidos por policías locales y de esos hechos tomó cuatro fotografías que posteriormente fueron entregadas al jefe de Inteligencia que operaba desde las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Hasta la fecha, el único militar detenido por su presunta relación con los hechos del 26 de septiembre de 2014 es el capitán José Martínez Crespo, quien enfrenta los cargos de desaparición forzada y delincuencia organizada.