La Paz, Baja California Sur. El Partido Revolucionario Institucional tiene afectados el 50 por ciento de los recursos públicos que mes con mes recibe como parte de sus prerrogativas, esto tendrá efecto aún para los meses en que realizarán precampañas en Baja California Sur (BCS), como trascendió ayer cuando el Instituto Estatal Electoral (IEE) emplazó al partido a pagar su abono mensual de diciembre para subsanar las deudas por multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de las sanciones expresadas en las resoluciones INE/CG808/2016, INE/CG518/2017, INE/1101/2018, INE/CG307/2018 e INE/CG55/2019 e INE/CG464/2019, remitidas al IEE por el Consejo General del INE. Entre las observaciones que abundan hacia el PRI en estas resoluciones aparecen diversas faltas al proceder de un partido político que se debe al pueblo, por ejemplo:

“El sujeto obligado [el PRI] omitió presentar documentación comprobatoria, o en su caso la existencia de alguna excepción legal, que justificara la permanencia de saldos en cuentas por cobrar por un monto de 248 mil 245.95 pesos, 92 mil 412.30 pesos del 2016 y 155 mil 833.65 pesos del 2017.

En el expediente más antiguo, el del 2016, hay una sanción por 6 millones 293 mil 067 pesos. En ese expediente se establece que “el instituto político omitió contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2015, por 463 mil 633.80 pesos”.

Las sanciones son reiteradas, afortunadamente para el PRI la Ley Electoral les ampara, y es que el pago máximo de las sanciones que deben ser descontadas al partido en plazos indicados por el IEE deben vigilar en todo momento no afectar más del 50 por ciento de la ministración mensual que el propio INE otorga al PRI para que el financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes, a efecto de no impedir sus fines como entidades de interés público”.

“Las sanciones impuestas no deben impedir la supervivencia de los partidos políticos ni el cumplimiento de sus fines”, expresó el consejero electoral Miguel Israel Santoyo Cantabrana, presidente de la comisión de partidos y prerrogativas en el Consejo General del instituto local. Algunas de las sanciones son generales, para todos los partidos políticos, pero otras son específicas al trabajo del PRI a nivel estatal.

En su momento, la presidenta del PRI en el estado, Gabriela Cisneros Ruiz, dijo que “el 50 por ciento de las prerrogativas son aproximadamente 132 mil pesos, de lo que se está manejando en este presupuesto, que se está entregando de manera permanente”, y aceptó que la situación financiera del partido es complicada, pero no se encuentra en números rojos.

“Complicado, muy complicado, tenemos sectores y organizaciones activos, tienen sus servicios de luz, las personas que están como secretarias, entonces sí es una de las responsabilidades, pero no estamos en números rojos”, expresó.

Con recursos menguados, el PRI ha manifestado su pretensión, optar por establecer alianzas con diversos partidos políticos hacia las elecciones en 15 estados que serán efectivas en 2021, entre ellos, el partido que es gobierno en Baja California Sur (BCS), Acción Nacional (PAN).