Ciudad de México. En su primer año de operación, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos otorgó 45 mil 300 subsidios a productores de granos básicos por 3 mil 923 millones de pesos; no obstante, debido a las deficiencias en su diagnóstico, diseño y operación, no hay certeza de que los apoyos se otorgaron a la población objetivo: pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según la ASF, si no se cambia el modelo, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex, entidad encargada de operar el programa de precios de garantía) no acreditará que sea el más adecuado para atender el problema público de pago a los productores, además de que los apoyos se entregaron sobre un padrón no estructurado.

En su informe de la revisión a la cuenta pública 2018 detalló que en el caso de los productores de arroz y trigo panificable, Segalmex no conformó un padrón confiable.

No fue posible calcular con precisión la cobertura del programa y realizar un análisis comparativo con el padrón de beneficiarios, porque la información no fue confiable, verificable y veraz, y no permitió comprobar si los productores que recibieron el apoyo se encontraron inscritos en el padrón de beneficiarios de maíz y frijol, agregó.

La ASF realizó su cálculo de cobertura, donde identificó que 41.4 por ciento de los 5 mil 866 potenciales productores de frijol, esto es, 2 mil 428, recibieron el apoyo; mientras de los 57 mil 365 potenciales productores de maíz, sólo se les entregó a 3 mil 327, esto es, 5.8 por ciento.

En el caso del arroz y el trigo panificable, Segalmex no identificó la población potencial ni objetivo susceptible de recibir el apoyo, y no dispuso de la información sobre los productores de leche, por lo que no fue posible calcular su cobertura, agregó. la ASF.

Ejerció mil 148 millones de pesos en gastos operativos

Segalmex ejerció mil 148.9 millones de pesos en gastos operativos, lo que representó 14.2 por ciento del gasto ejercido, esto es, rebasó el límite de 5 por ciento establecido para este tipo de gastos, lo cual indica que no racionalizó el presupuesto destinado a las actividades administrativas ni promovió el uso eficiente de los recursos.