La Paz, Baja California Sur. Acudirán a cortes internacionales para denunciar la colusión de autoridades en Baja California Sur (BCS) y a nivel federal, para despojar de un terreno frente al mar en Cabo San Lucas (CSL) a su cliente Cinthia Rubio Núñez, informaron abogados.

Los juristas Godofredo Contreras Figueroa, Eduardo García Barraza, Miguel Ángel Urbina, José Luis Aguilar y José de Jesús Mares Contreras, acusaron diversas irregularidades y que no se puede permitir que un título de propiedad “no valga nada” en este estado.

Expusieron que mediante el uso de documentación falsa, tráfico de influencias, retraso de juicios “inexplicables”, han evitado que la albacea del finado Ramón Orozco Burgoin, reciba la enajenación onerosa de un predio nacional llamado “Demasías de San Cristobal”.

Las dependencias involucradas son la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría General de la República (PGR), el Juzgado Primero de Distrito y ahora también una “amiga” de Andrés Manuel López Obrador, Estela Ríos González.

“No podemos calificar un gobierno por eso […], pero nos ha puesto todos los obstáculos que ella conoce, que puede darse por el hecho de que la autoridad competente para decir adelante o no, el problema que tenemos su actuación se ha vuelto caprichosa, ilegal”, dijo José de Jesús Mares Contreras. “Porque no va a hacer lo que conforme a derecho debe hacer, un conflicto de responsabilidad de tipo administrativo ante la Secretaría de Función Pública, contraloría interna y penal, porque ha perdido en 3 ocasiones el expediente de trámite durante su administración”, acusó el mismo.

A pesar de contar con una copia nueva, la acusan de no obedecer la orden girada por el Tribunal Agrario Unitario en La Paz a la mencionada directora general de la Propiedad Rural de la Sedatu, para que continúe con los trámites de “enajenación onerosa” para entregar los terrenos a la albacea.

“Ella dice que es amiga íntima de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y que nada ni nadie la va a quitar de ahí, que le hagamos como queramos”, dijo el abogado.

Aseguran que el título de propiedad está pendiente de enajenación desde 1914 y que es parte del patrimonio histórico de Cabo San Lucas (CSL), al ser parte de los terrenos correspondientes a la victoria de la batalla del “Cabo Fierro”, durante la Revolución Mexicana.

Pero dicen que en vida, Ramón Orozco Burgoin sufrió el acoso y estragos de una batalla legal contra Vizcaya, S.A., empresa acusada de operar el “despojo” a favor de Gina Diez Barroso Azcárraga, empresaria inmobiliaria y prima del también empresario Emilio Azcárraga Jean.

Dicen que el título es “falso”, por no “existir” en el Registro Agrario Nacional (RAN), presuntamente firmado por el expresidente Benito Juárez García en 1831, que dicha empresa ha utilizado para reclamar el predio de 296-20-16.051 hectáreas como suyo, mediante amparos.

Mares Contreras dijo que para la empresa también ha sido fundamental “congelar” la carpeta FED/BCS/LPZ/00308/2016 ante la PGR, por falsificación de documentos, y acusan que “circularon” la carpeta por diferentes agentes del Ministerio Público en Ciudad Constitución, Los Cabos y La Paz, sin decidir si ejercer o no acción penal.

Resulta “fundamental” el papel de la Procuraduría General de la República (PGR), por no resolver la carpeta de investigación por falsificación de documentos, ya que de hacerlo se “caerían” todos los procedimientos que la empresa ha interpuesto, consideraron. Por ello, los abogados dijeron que exigirán intervención de la justicia internacional. La albacea, Cinthia Rubio, dijo que además se acumulan injusticias en todo BCS por estas empresas “de responsabilidad limitada”, que se dedican a operar despojos con estos funcionarios contra los pobladores, por ser, dijo, “una costumbre” en este estado.