La Paz, Baja California Sur. La Procuraduría del Estado de Baja California Sur (PGJE) es una de las procuraduría o fiscalías estatales que recibe menos recursos en comparación con sus iguales a nivel nacional. Asimismo, es una de las que tiene menos personal contratado de planta, esto de acuerdo con los datos censales publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Al presentar los resultados del décimo Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, levantado por el INEGI, la dependencia ofreció información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa. De acuerdo con los datos actualizados, el Gobierno del Estado asignó poco más 296 millones de pesos en 2019 a la PGJE. Es uno de los presupuestos más bajos en todo el país, estados con una población comparable, como Colima, asignan más del 50 por ciento (428.4 mdp) del presupuesto a su Fiscalía.

De los datos censales, también se puede destacar que de los mil 198 trabajadores que laboran en la PGJE al cierre del 2019, ninguno estaba incorporado al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. De estos trabajadores, 896 (495 hombres y 401 mujeres) eran trabajadores “de confianza” y tan solo 90 trabajadores (32 hombres y 58 mujeres) tenían base o estaban sindicalizados, mientras que 212 (116 hombres y 96 mujeres) trabajan en un régimen por honorarios.

Sólo 285 de ellos son evaluables en materia de “control y confianza” pero solo el 63 por ciento, es decir 182, habían aprobado sus exámenes de 231 que lo habían presentado. Respecto del personal adscrito a las unidades administrativas encargadas de la función de los servicios periciales y/o servicio médico forense, en el estado suman 184 personas en 7 laboratorios y 12 unidades ambulatorias.

Respecto al flujo de trabajo, al cierre de 2019 la PGJE reportó 23 mil 129 averiguaciones previas y/o investigaciones o carpetas de investigación iniciadas, de las cuales 15 mil se encuentran en calidad de determinadas, 855 en calidad de cerradas y 39 mil 224 carpetas pendientes.

Las carpetas de investigación por modalidad del delito con más frecuencia en el estado son el robo  (4 mil 069 carpetas), la violencia familiar (2 mil 598 carpetas) y las lesiones (1 mil 933 carpetas). De acuerdo con los datos oficiales, en 2019 se abrieron 178 carpetas por homicidio, 2 por feminicidio, 12 por aborto y 193 por “otros delitos que atentan contra la vida”.