La Paz, Baja California Sur. El gobierno de Baja California Sur (BCS) no ministró recursos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que encabeza Julián Galindo Hernández, a pesar de una suspensión provisional que acordó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la controversia 123/2020.

Esto informó el diputado Humberto Arce Cordero, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien confirmó que se depositó en las cuentas Banorte del exauditor, Julio César López Márquez, a pesar de su destitución desde el 6 de marzo y la orden del Máximo Tribunal.

“Por tanto, el gobernador [Carlos Mendoza Davis] no cumplió con la suspensión de la corte de la semana pasada. Las suspensiones las debe acatar el Poder Legislativo, pero el Poder Ejecutivo no acata ninguna suspensión”, expuso Humberto Arce para Diario El Independiente.

Arce Cordero señaló que se informará a la SCJN que “no se está cumpliendo” la suspensión que emitió, para que así lo haga Isidro Jordán Moyrón, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin), quien aseguró el diputado, “no cumplió” tampoco.

“Obviamente será como una técnica dilatoria. No me extraña, recordemos que la doctrina del conservadurismo en el Partido Acción Nacional es la hipocresía. Esa es la doctrina, el doble discurso, entonces no me distrae”, dijo el diputado.

Arce Cordero recalcó que Carlos Mendoza Davis únicamente ha acatado suspensiones para retirar la fuerza pública del Congreso de BCS, “hasta que él quiso”. Inclusive señaló otros procedimientos donde no ha respetado los acuerdos del Máximo Tribunal a favor de los diputados.

“No depositó, no publicó, ahora en esta ocasión no deposita las nuevas cuentas del nuevo auditor, estamos ante una contradicción. Él mismo pide que nos apeguemos a la ley, que obedezcamos los mandatos judiciales, pero no obedece ni acata suspensiones que no le favorecen, pero sí exige que acaten las que le favorecen”, añadió.

La diputada Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), que fue electa presidenta de la Mesa Directiva para las sesiones del 30 de septiembre, señaló que esto deja evidencia del “doble discurso” del Poder Ejecutivo y quiénes están dispuestos a cumplir con los mandatos.

Dicha suspensión provisional es válida hasta “que se resuelva el fondo del asunto”, de acuerdo al incidente dentro de la controversia constitucional 123/2020, promovida por el Poder Legislativo ante el Máximo Tribunal.

Este acuerdo del 25 de agosto de 2020, fue publicado en las notificaciones correspondientes al 22 de septiembre de 2020 en la página oficial de la SCJN.

“La Secretaría de Finanzas y Administración, deberá abstenerse de ‘retener, interrumpir, afectar o suspender’ la entrega de los recursos, en ellos los que corresponden al mencionado órgano técnico de fiscalización […] Hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, debiendo entonces, ministrarlos a partir de esta fecha, en los términos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato”, señaló el resolutivo. “Dada la naturaleza e importancia de la medida cautelar concedida, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo”, añaden en la notificación.

Lo anterior supone un revés al gobernador Carlos Mendoza Davis, quien deberá suministrar recursos presupuestales al nuevo Auditor Superior del Estado, Julián Galindo Hernández, a quien se niega a reconocer a favor de Julio César López Márquez, destituido por la mayoría legislativa de Morena en una sesión privada extraordinaria que la oposición niega por acusar de "ilegal".

Galindo Hernández no ha recibido pago alguno desde hace 6 meses, señaló Arce Cordero, ni presupuesto para la operación de la ASE, lo que se ha vertido en los mencionados juicios y carpetas ante la SCJN.