La Paz, Baja California Sur. Se dicen abandonadas empacadoras de calamar ante abusos a sus derechos humanos y laborales, que acusan de parte de maquiladoras de China y Corea del Sur ubicadas en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.

A través de una conferencia de prensa virtual, convocada por el Centro de Investigaciones Sindicales y Laborales A.C. (Cisslaboral), representantes de las trabajadoras informaron del conflicto con la empresa calamarera “Hanjin”, a quien exigen se expropien sus predios para cubrir salarios.

Rosa Ceseña Ramírez, representante de las trabajadoras de Hanjin México en Santa Rosalía, dijo que hace más de 18 años “estamos luchando”, aún sin éxito, y aseguró que seguirá con el movimiento, a pesar de la pandemia de COVID-19.

Llegaron hasta la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), María Eugenia Navarrete Rodríguez, para buscar celeridad en la conclusión del juicio, que se ha extendido hasta el 2021 para la próxima audiencia.

“Ya se han ido varias, algunas se han ido de esta tierra. Con esto de la pandemia, más preocupación hay, pero necesitamos que el Gobierno del Estado se ponga las pilas para que se resuelva este problema, ya son demasiados años”, dijo la trabajadora, quien relató que para dicha empresa trabajaban más de 300 personas, todas locales: “unos limpiaban, otros encharolaban, otros descargaban”, y la gran mayoría, aseguró, “se quedaron sin nada” al terminar el trabajo.

Pero las jornadas de Hanjin eran de las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente, dijo Rosa Ceseña, “con un sueldo que era poco porque era demasiado y de noche […] Es más cansado para todas las trabajadoras porque no duerme uno. Es difícil, quedarse sin trabajo, sin pago, sin seguro, sin utilidades, nosotros no merecíamos nada de eso”, expuso.

Ha causado estragos inclusive en su salud y su persona, expuso, luego de señalar que suele recibir reclamos por la falta de celeridad de las autoridades.

“Son muchos años, la gente se desespera. Me pregunta ¿qué ha hecho? ¿qué no ha hecho? a veces yo no sé qué decirles porque yo miro que la situación con el gobierno que no da para sí. Es un enojo muy grande que a veces a mí me repercute”, dijo.

Asimismo, agregó que el Cisslaboral y el abogado Iván Castro Beltrán, las han apoyado “sin cobrarles” durante muchos años, luego de abandonar ese trabajo por sobreexplotación.

“Ya no nos presentamos porque ya no queríamos volver a lo mismo. Ese fue el término. Habíamos ya acudido a las autoridades locales de Santa Rosalía, cosa que inmediatamente fueron a decirle a la misma empresa, se los habíamos pedido que no lo hicieran, fue lo primero”, acusó. Consideró que las autoridades “se coluden” entre ellas, desde el primer momento en que se puso la demanda contra la empresa coreana que operaba en Santa Rosalía.

“Cuando pusimos la demanda, estaba una de las señoras, no la voy a nombrar, estaba en el cargo ahí y pasó a otros cargos, más cargos. Esa señora, vino con nosotros a platicar, que nos iban a poner guardería, que nos iban a poner otras cosas, nunca pasó”, dijo.

De tantos gobernadores que han pasado en 18 años, “ninguno nos ha apoyado para nada”, dijo la trabajadora, porque es considerado un caso “añejo y traspapelado”. Acusan que el capitalista de Hanjin, ciudadano coreano de nombre Jin Moon Kim Park, visita “cada 3 meses” la cabecera municipal de Mulegé.

“No entiendo por qué el Gobierno del Estado no le llama. Porque se sabe que hay un extranjero aquí. ¿Por qué si le llegan las notificaciones no responde? Viene a la planta”, dijo la trabajadora. “Es un gran problema que el coreano no quiere escuchar. No acepta”.

Gilberto Piñeda Bañuelos, profesor investigador y fundador de Cisslaboral, dijo que la audiencia de conciliación con los coreanos se hará por primera vez este 9 de julio de 2021. Pero expuso que es una violación de derechos laborales, que a estas alturas ya repercute los derechos humanos de las afectadas.

“Uno de los argumentos del gobierno coreano es que no se encuentran en la dirección en Corea. Lo que significa que este asunto va para largo”, dijo Gilberto Piñeda. Por lo que solicitaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), comience la expropiación de los predios de la empresa para cubrir las prestaciones.

“Que por violación a los derecho humanos y por justicia social se haga un decreto de expropiación de las plantas por parte del gobierno federal, por utilidad pública y utilidad social”, dijo Piñeda Bañuelos.

Pero ya ha tardado, desde 2019, cuando se solicitó atención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mismo que como el gobierno de Baja California Sur (BCS), “les valen las calamareras”, opinó el maestro.

Finalmente, el abogado Castro Beltrán informó que en el juicio 366/2006, en contra de Hanjin, el principal obstáculo son los tiempos de traducción al coreano.

“Lleva todo un proceso de traducciones, dan mucho tiempo de margen, la audiencia es para 2021 […] La alternativa de solución es una expropiación por parte del gobierno para pagar a las trabajadoras”, dijo el abogado, y añadió que para un expediente de 14 años, “está fuera de toda proporción” que ni siquiera haya podido todavía celebrarse la audiencia de conciliación.

“La empresa sigue funcionando. En ese entonces, con componendas, corruptelas, tráfico de influencia que se utilizaban. Necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto”, finalizó.