La Paz, Baja California Sur. De acuerdo con un estudio de la asociación México Evalúa, Baja California Sur (BCS) presenta uno de los índices de impunidad más bajos del país, aun así dicho, el estudio evidencia vacíos en la impartición de justicia en el estado y la administración de los recursos que los gobiernos destinan para ello.

De acuerdo con el documento “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, publicado recientemente por la organización, el promedio de resolución de casos en sede judicial, es decir, las causas penales que fueron finalizadas durante 2019 a nivel nacional, fue de 27.1 por ciento. Esto significa que el 72.9 por ciento de las carpetas de investigación continuó en trámite en los poderes judiciales estatales del país al cierre de ese año.

En ese sentido, resalta que los poderes judiciales estatales que más casos resolvieron en 2019 fueron Sonora (55.1%), Coahuila (52.7%) y Campeche (52.5%), mientras que los que tuvieron el porcentaje más bajo fueron Tabasco (9.7%), San Luis Potosí (11.5%) y Guanajuato (13.1%). BCS supera el promedio nacional con 31 por ciento de las carpetas solucionadas.

El informe resaltó el hecho de que 27.9 por ciento de las detenciones en el nivel nacional fueron calificadas como ilegales por los jueces de control; es decir, se determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales.

BCS destaca como uno de los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales (37.6%), solo superado por Oaxaca (69.2%) y Estado de México (68.3%). Estos datos son resultado de un estudio realizado por la asociación México Evalúa a partir de solicitudes de información a las fiscalías o procuradurías, así como a los poderes judiciales de cada estado.

A nivel nacional, el 87.2 por ciento de las investigaciones iniciadas en todo el país durante 2019 lo hicieron sin detenidos. En 16 entidades federativas, esta circunstancia se dio en más del 90 por ciento de las investigaciones, BCS (97.1%) es el segundo lugar, después de Tamaulipas, de acuerdo con México Evalúa, y ello “parece ilustrar la poca eficiencia en la investigación de los delitos”.

De acuerdo con el “Ranking nacional para evaluar el avance de la consolidación del sistema de justicia penal”, que realizó el estudio, BCS no superó las metas que debió haber cumplido en 2016 para este fin. 

Hacia finales de 2019, 29 entidades federativas ya han transitado o iniciado procesos de transición de procuradurías a fiscalías, con la finalidad de contar con órganos autónomos y profesionales. Únicamente BCS, Hidalgo y Tlaxcala continúan con un esquema de Procuraduría.