Aquella crisis de gobernabilidad que le adjudicaban a Felipe Calderón lo mismo que a Enrique Peña Nieto derivado de políticas erróneas, hoy cobran vida agravando al actual Gobierno federal y de paso  el desarrollo social y económico de México.

No lo digo yo, lo dicen las políticas del fracaso que en aras de conservar la armonía contrariamente han encendido la mecha del detonar de la violencia y el cometimiento de actos antisociales dejando al descubierto la falta de energía gubernamental.

En efecto, los fracasos saltan al escenario cuando hablamos de la lucha anticrimen, las marchas de protestas y mítines  de estudiantes agresivos y violentos que secuestran autobuses y camiones de empresas cargados de mercancías, los linchamientos cuando los ciudadanos pretenden hacer justicia con mano propia, la vergüenza que pasan elementos del ejército mexicano y cuerpos policiacos. Etc.

Pero mientras el país cada vez se sumerge más en una crisis de gobernabilidad, los discursos oficialistas que culpan a neoliberales siguen permeando en las mañaneras, cuando, como en este caso, los gobiernos anteriores ciertamente fueron culpables y responsables de los actos de corrupción e ineficiencia de las policías de todos los niveles y en la falta de coordinación de las fuerzas federales para enfrentar los problemas, sin embargo hoy, la culpa es de la ineficiencia.

Y con todo esto, donde a las claras ya se denota a un pueblo sin ley, con ejército y policía medrosa,  lamentablemente a nuestro país lo llevan de manera vertiginosa a convertirlo en una seria amenaza a la seguridad nacional.

Aun vamos más allá cuando decimos que derivado de esa fragmentación existente entre los órganos de inteligencia del Ejército, de la Armada de México y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, damos como un hecho que de seguir así las cosas, el riesgo aumenta al observar otros tantos  problemas colaterales que tienen que ver con  los ámbitos social, económico, ambiental, de seguridad interior, de política exterior, de salud, entre otros tantos, ante la ineludible escasez de medidas que “blinden” al país y eviten en el futuro próximo estos graves problemas.

Es muy cierto, las políticas sociales, lo mismo que de seguridad que pusieron en marcha los sexenios priistas y panistas fueron un fracaso, fundamentalmente por la imperante corrupción que desde la cumbre hasta la base aplicaban en cada uno de los programas, pero desgraciadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sabido aprovechar aquellos desaciertos y por lo consiguiente no ha pasado del discurso a los hechos en su compromiso para resolver los problemas torales de México.

Es triste decirlo, pero cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y la protección de los bienes de una sociedad como es el caso, ésta se siente obligada a tomar acciones alternas, tal es el caso de los linchamientos al tomar justicia por mano propia y de los grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en diferentes partes de México, todo lo cual no deja de ser el reflejo de la ausencia del estado de derecho que priva en esos lugares.

Por otro lado, decenas de notas escritas y habladas dan cuenta de miles de estudiantes, muchos de ellos encapuchados que realizan marchas de protestas causando destrozos en las calles, casas y  comercios de las ciudades, e incluso en los propios centros de formación escolar que debería ser muy respetada por ellos mismos, como es el caso de la Rectoría de la UNAM.

Otros más, que no conformes con causar destrozos, roban y secuestran autobuses y camiones cargados de mercancías para trasladarlos a sus centros de estudios a sabiendas de que, muy a pesar de estar cometiendo un grave delito, no serán detenidos y mucho menos sometidos a juicio.

Son, en efecto, claros y permisibles actos de vandalismo, con pintas y destrozos a todo lo que tengan frente a sí.

Todo ello ante la complacencia gubernamental y a sabiendas de que, aun cuando existe delito que perseguir, ellos disfrutan de permiso y libertad para hacerlo.  

Ya por último no podemos pasar desapercibida la modalidad y el claro reto que hacen al gobierno esos grupos que en diversas carreteras del país toman casetas de cobro, botean y roban, aun a sabiendas de que están atacando las vías de comunicación, lo  que también representa un grave delito.

Y qué decir de aquellos que frenan las vías de accesos de trenes causando miles de millones de pesos en pérdidas, provocando con ello que su país, --al que dicen querer y defender--, frene estrepitosamente su desarrollo económico.

En síntesis, todo lo anterior nos deja una lectura sumamente desagradable y por tanto reprobable, a través de la cual nos damos cuenta que frente a la debilidad y falta de fortaleza del gobierno, el cometimiento de los delitos, en lugar de detenerse, seguirá a la alza.

Y es que, si bien es cierto, anteriormente al interior de las corporaciones policíacas de todos los niveles permeaba la corrupción, hoy, por la falta de apoyo y de estrategias, en ellas se anida la ineficiencia y la incapacidad.

¿Qué falta entonces para enmendar las cosas?

Tres cosas fundamentales:

Una: que el gobierno asuma su responsabilidad y deje ya de culpar a los anteriores.

Dos: que los legisladores procuren los instrumentos jurídicos suficientes y necesarios para que los las fuerzas armadas (soldados y marinos, incluyendo a elementos policiacos) puedan cumplir eficazmente con sus tareas, particularmente como en este caso en materia de seguridad interior. Y, Tres: que el gobierno  asuma su papel de liderazgo enérgico de frente a tantos delitos que se cometen y deje por un lado la debilidad.

Cuestión de tiempo.