San José del Cabo, Baja California Sur. Nuevamente un caso de agandalle en franjas de arena por parte de concesionarios, desarrollos u hoteles para privatizar zona de playa ha quedado de manifiesto en el destino turístico, lo que sigue limitando a los ciudadanos esos pocos espacios de playa, al violentar el libre tránsito hacia los mismos.

A través de la red social Facebook, durante el pasado fin de semana una ciudadana acusó que, al acudir en compañía de su familia a la playa conocida como Zacatitos, ubicada en el camino a Cabo del Este, en San José del Cabo (SJC), encontró cerrado el acceso al lugar y con guardias custodiando el mismo. 

“Lo que nos asombró fue que al llegar a la playa tuvimos dificultades para poder ingresar ya que los de seguridad que estaban en la cadena y se oponían a dejarnos entrar, justificando que era un fraccionamiento y que había horarios que sólo ellos controlaban. Para poder ingresar a la playa les dijimos que iríamos al restaurante de Zacatitos ya que por ningún motivo nos dejaban entrar, el restaurante estaba cerrado, nos fuimos a la playa. Pero, al llegar, nos encontramos un letrero donde decía prohibido el paso y una puerta metálica hacia el arroyo, el cual era el acceso y se supone que es propiedad federal y no del fraccionamiento”, publicó la ciudadana. 

Asimismo, explicó que, debido a que se encontraron con el acceso cerrado prefirieron no quedarse en la playa y tomaron camino de regreso. No obstante, al ubicarse nuevamente en el punto donde se encontraban los guardias de seguridad, fueron abordados por éstos en actitud déspota, al grado de negarles que pudieran salir del lugar. 

“Al llegar al lugar donde estaba la cadena, los guardias no nos querían dejar salir, confrontándonos de que por qué habíamos ingresado a la playa. Uno de los guardias se acercó al carro y nos señaló de muy mala manera, con actitud prepotente, delante de los niños. Después de discutir, al final bajaron la cadena y nos dejaron salir del lugar”, acusó. 

Es por ello que pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y remarcó que “las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para poder disfrutarlas: es un derecho que tenemos”.