La Paz, Baja California Sur. Mientras el mundo entero se quedaba en casa, la familia sudcaliforniana de Luciano Hernández Vidales era desintegrada por las autoridades en Mazatlán, Sinaloa: lo detuvieron a él, a su madre, a su esposa y a su hermano, los separaron de sus hijos y sobrinos, siete menores de en entre 2 y 13 años, y los acusaron de liderar una red de trata de menores. Seis meses después, con su familia al fin reunida, ahora pide una disculpa oficial y apoyo para salir adelante ante secuelas físicas, psicológicas y sociales.

Todo empezó el 18 de diciembre pasado, en Mazatlán. Luciano y su familia regresaban de Durango. Cuando fueron detenidos en el puerto de Mazatlán, fueron detenidos con violencia, amagados por la policía, separados de los menores y procesados por el delito de trata de menores, para luego ser liberados bajo amenazas de desaparición.

Para Luciano la pesadilla apenas comenzaba, su familia, relató: “estaba acusada como parte de una red de trata de menores, dañaron sobre todo a mis hijos, nos quitaron a nuestros hijos, sobrinos, a nuestra hija de dos años la separaron de nosotros por más de seis meses”.

Puestos en libertad, Luciano Hernández, su esposa Ana Karen Escárcega Fernández, Guadalupe Vidales Hernández, su madre, y Cristian Michel Hernández Vidales, su hermano, iniciaron un complejo proceso para poder recuperar la patria potestad de sus hijos y sobrinos (Diario El Independiente 11 de febrero). 

“Mi hija menor fue enviada seis meses a una casa cuna en Durango, hoy gracias a Dios ya estamos de vuelta en La Paz”, dijo al indicar que ahora la lucha de su familia es para lograr el apoyo de las autoridades locales y las instituciones, pues dijo ver realmente afectada la integridad de su familia.

“Queremos pedir al gobierno en La Paz que nos apoyen en nuestras demandas, para que sean respaldadas por ellos. Tenemos demandas federales y queremos que nos ayuden a que el gobierno en Mazatlán restituya todo el daño físico y psicológico que vivieron sobre todo mis hijos y sobrinos”.

Y es que, al decir de Luciano, las acusaciones que se imputaron contra él y su familia “no son porque alguien se robó algo, sino porque éramos una red de trata de menores, que nos dedicábamos a vender niños, que veníamos recogiendo niños de toda la república y cosas que se han probado que todas ellas son mentiras”.

“Mostraron las imágenes de mis hijos y mis sobrinos en los medios de comunicación pidiendo información para dar con el paradero de sus padres, pues nosotros somos, mostrar las imágenes de los niños así es ilegal”, relató.

Luciano Rodríguez dijo que su familia vive con secuelas psicológicas tras casi medio año de separación, interrogatorios, internamiento y reintegración. Luego de este medio año de lucha, manifestación, denuncias, procesos ante las autoridades judiciales, quejas ante las comisiones de los Derechos Humanos, se logró, apenas el lunes pasado, reunir de nuevo a toda su familia. La niña de dos años viajó desde Durango para poder ver a su madre y a su padre de nuevo.

“Queremos agradecer a la diputada Mercedes Maciel, quien nos apoyó para poder hacer las gestiones y movernos a Sinaloa a realizar los trámites para recuperar a nuestra familia”, dijo, al indicar que se encuentran buscando apoyo de organizaciones civiles o algún abogado altruista que quiera ayudarles a pedir una disculpa pública y la reparación del daño a las autoridades en Sinaloa.