La Paz, Baja California Sur.- Presentó el gobernador, Carlos Mendoza Davis, una ampliación a su controversia constitucional 64/2020 en contra del Congreso de Baja California Sur (BCS).

A través de Facebook, destacó con la primera página de su trámite sellado de recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haber cumplido su palabra.

En ella ha solicitado una “suspensión urgente” para que se invaliden todos los actos desde la sesión solemne de clausura del 30 de junio de 2020, bajo la presidencia de la diputada Mercedes Maciel del Partido del Trabajo (PT).

Lo anterior anularía el juicio político en el que se destituyó a 5 diputados y se amonestó a otros 3, quienes forman parte de la fracción minoritaria de oposición.

“Como lo anuncié, se ha presentado ante la SCJN ampliación de demanda en la controversia constitucional que interpuse por los hechos suscitados en el Congreso de BCS”, explicó.

“Nuestro máximo tribunal determinará sobre su legítima integración y legal actuar”, añadió Carlos Mendoza Davis.

La semana pasada, el titular del Ejecutivo acusó a la “mayoría artificial” de MORENA y el Partido del Trabajo (PT) del delito de desacato al enjuiciar políticamente a 8 diputados de oposición y destituir a 5.

En uno de sus mensajes en video dirigidos a los sudcalifornianos, los acusó de violar la “orden expresa de un juez federal” e ignorar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que con el juicio político se afectaron a diputados “de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias”, a quienes dijo MORENA busca “destruir”.

“Las minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional que, por decir lo menos, atropella el estado de derecho”, acusó el panista.

 “A pesar de existir una orden de nuestro máximo tribunal […] para que se restablezca la conformación integral del Congreso […] retrotraerse a la última sesión que presidió la diputada Daniela Rubio”, dijo su postura el gobernador.

En ese momento aseguró que las instrucciones de la SCJN “no fueron atendidas” y por tanto nuevamente “afecta de nulidad” por ilegales los actos realizados “desde entonces y que realiza hasta ahora la mayoría artificial”.

“Todos los actos posteriores a esa sesión son inválidos, por lo que en línea con lo determinado por la Suprema Corte, me abstuve de publicar acuerdos, leyes, y decretos que fueron aprobados posteriormente a esa sesión”, añadió el gobernador.

Además expresó que la sesión del pasado 22 de agosto donde se destituyeron diputados: “es también a todas luces ilegal y, por ende, inválida”.

Dijo que la Ley Orgánica del Congreso de BCS no ha entrado en vigor, porque fue expresamente suspendida por la SCJN, a pesar que los diputados de MORENA, han replicado que nunca se ha requerido promulgarse sus reformas por otro poder para que sean válidas.