La Paz, Baja California Sur.-

Sería una “abominación” que el Congreso de Baja California Sur (BCS) pretenda aprobar una planta desalinizadora para Los Cabos, con su integración “espuria” e “ilegal”.

No deben estar integrados los suplentes, nombrados por Morena y el Partido del Trabajo (PT), señalaron en un comunicado conjunto, leído por Rigoberto Murillo Aguilar.

Estuvieron presentes también Daniela Rubio Avilés, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Perla Flores Leyva, Elizabeth Rocha Torres, quienes junto a Murillo no reconocen su calidad de “destituidas”.

También estuvieron los diputados “amonestados” José Luis Pérpuli Drew y Anita Beltrán Peralta; Marisela Pineda reportó “problemas de salud” y se ausentó. 

Se denominaron “Bloque PAN, PES, PRD, PRI Y HUMANISTA” y la acusaron irresponsabilidad de los morenistas por “tratar de aprobar” dicho proyecto en medio de la controversia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin que se haya pronunciado aún.

“Por la ilegal destitución e inhabilitación de 5 diputados violando suspensión provisional de amparo el pasado sábado 22 de agosto”, dijo Rigoberto Murillo en el comunicado.

Dijeron que no se presentarán a la sesión, “por respeto a la institución y a la gente” y evitar algún conflicto con los diputados, pero criticaron que esta aprobación no tendrá fuerza legal.

Además no será publicada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE) advirtió la diputada Daniela Rubio.

“Todo lo que haga el pleno legislativo es sujeto a que sea nulo y es muy grave que la desaladora se caiga por la terquedad empecinamiento de diputados de Morena, PT y sin partido”, acusaron.

Pero será el Poder Ejecutivo el que defina si se “autoriza” o no la desaladora, por ser su responsabilidad publicarla en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

El comunicado señala que dependencias federales y de financiamiento exigen que los trámites legislativos estén “conforme marca la ley” de Asociación Público Privadas y la Constitución.

“Revisan si dichos cumplieron la ley y la constitución más aun si el proyecto tiene debilidades jurídicas, como que se apruebe por diputados que no deberían estar”, añadió.

Por ello se dijeron “a favor de la desalinizadora”, pero solamente con la legislatura debidamente integrada y sin debilidades jurídicas, consideraron los diputados.

“Esto podría desanimar a los interesados a participar […] los inversionistas privados hacen su evaluación de riesgos, en lo que participan y existe un riesgo jurídico y constitucional que puede afectar de nulidad el proyecto de desaladora y su consecuente retraso”, finalizó.