La Paz, Baja California Sur. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión al Congreso de Baja California Sur (BCS) para que el gobernador se "abstenga" de interrumpir la entrega de su presupuesto y el de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Así deberá cumplir hasta “que se resuelva el fondo del asunto”, de acuerdo al incidente de suspensión de la controversia constitucional 123/2020, promovida por el Poder Legislativo ante el Máximo Tribunal.

Este acuerdo del 25 de agosto de 2020 fue publicado en las notificaciones correspondientes al 22 de septiembre de 2020 en la página oficial de la SCJN.

“La Secretaría de Finanzas y Administración deberá abstenerse de ‘retener, interrumpir, afectar o suspender’ la entrega de los recursos, en ellos los que corresponden al mencionado órgano técnico de fiscalización […] Hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, debiendo entonces, ministrarlos a partir de esta fecha, en los términos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato”, señaló la SCJN.

“Dada la naturaleza e importancia de la medida cautelar concedida, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo”, añaden en la notificación.

Lo anterior supone un revés al gobernador Carlos Mendoza Davis, quien deberá suministrar recursos presupuestales al nuevo Auditor Superior del Estado, Julián Galindo Hernández, a quien se niega a reconocer.

Éste fue nombrado el 6 de marzo de 2020, en sustitución de Julio César López Márquez, en una sesión privada extraordinaria que la oposición niega por acusar de "ilegal". Por lo tanto, Galindo Hernández no ha recibido pago alguno desde hace 6 meses, señaló la SCJN, ni presupuesto para la operación de la ASE, lo que se ha vertido en los mencionados juicios y carpetas.