La Paz, Baja California Sur. Luego de la renuncia de Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil no consideran que la llegada de su relevo, María Luisa Albores, sea un cambio radical en una política ambiental que calificaron de poca injerencia en el proyecto de nación del Gobierno de México.

“Esperamos que sea para mejor. Estamos a la espera de una agenda de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil'', dijo Mario Sánchez a Diario El Independiente, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien señaló que se requiere plantear un camino y temática en el sector ambiental.

El abogado ambiental recordó el difícil panorama que vive el sector ambiental en el Gobierno obradorista. “Recordemos que existen importantes recortes al presupuesto, y su tendencia sigue a la baja”, algo que afecta las atribuciones de la secretaría en su competencia de ordenamiento.

En lo que toca a Baja California Sur, “tenemos la necesidad de modificar procesos que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales”, dijo al indicar que el plan de ordenamiento ecológico más reciente del estado data del 2011.

“Si no contamos con presupuesto para generar instrumentos que permitan la gestión en materia de recursos naturales, vamos a tener dificultad por ejemplo para ejecutar obras […] No quiero ser pesimista, pero para Baja California Sur las cosas van a continuar igual”, expresó a su vez Jaqueline Valenzuela Meza, del Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA).

La experta en materia energética vio un panorama similar en el contexto energético al ámbito de la gestión ambiental. Valenzuela Meza dijo que durante la gestión de Víctor Toledo, “no hubo una incursión real [del anterior secretario de medio ambiente] en los planes de transición energética para el estado”.

“Es difícil que con la llegada de un nuevo funcionario eso vaya a suceder, porque en los planes de la CFE para Baja California Sur son unilaterales”, consideró.

Ambas asociaciones asesoran actualmente a un grupo de ciudadanos sudcalifornianos que presentaron un recurso de amparo ante la Semarnat, junto con la CFE y otras instancias oficiales de regulación ambiental, ante obstáculos administrativos impuestos a los usuarios mexicanos que impiden la entrada de mecanismos que permitan a los sudcalifornianos contar con fuentes renovables de energía eléctrica en sus hogares, así como por vivir en una zona donde se pagan las tarifas más altas del país, por una energía altamente contaminante basada en combustóleo.