Ciudad de México.- La administración del gobernador Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur (BCS) deberá aclarar a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) el uso y destino de las “participaciones federales a entidades federativas” transferidas en 2018, que sumaron un total de 4 mil 654 millones de pesos.

Un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) —al que Diario El Independiente tuvo acceso y conserva copia— concluye que “el gobierno del estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias (violación) de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que generaron 729 millones 526 mil 600 pesos pendientes por aclarar”.

El documento advierte que la administración del gobierno sudcaliforniano recibió una transferencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 4 mil 654 millones de pesos, de la que se revisó sólo 67 por ciento, es decir, 3 mil 157 millones de pesos.

Sin embargo, “se determinaron 729 millones 526 mil pesos pendientes por aclarar, integrados (a) la falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018”, concluye el reporte.

La auditoría de cumplimiento (2018-A-03000-19-0577-2019) señala que, además de la solicitud de aclaración sobre el destino de los 729 millones 526 mil 579 pesos; se localizaron siete irregularidades más, que "fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe”.

El órgano que dirige David Rogelio Colmenares afirma que los resultados de la auditoría practicada a la administración de Mendoza Davis “derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, es decir, en la intervención de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar los presuntos delitos ante un posible daño al erario.

Las “participaciones federales a entidades federativas” (conocido como ramo 28) se entregan a estados y municipios por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; como una forma de compensar los recursos que dejan de captar y que se reservan a la Federación a través de impuestos.

A pesar de que el gobierno de Mendoza Davis tuvo “libre administración” sobre el destino de los 4 mil 654 millones de pesos en aquel año fiscal de 2018, su administración violó el marco legal vigente y las disposiciones jurídicas aplicables sobre la justificación del uso del erario.

“En conclusión, el gobierno del estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de participaciones federales a entidades federativas 2018, que se haya ajustado a la normativa que regula su ejercicio”, concluye el órgano especializado de la Cámara de Diputados.

En entrevista con Diario El Independiente Juan Manuel Portal Martínez extitular de la ASF, explicó que los resultados de la auditoría se llevan ante las autoridades de la FGR, instancia que determina el tipo de los posibles delitos.

“Quien tipifica el delito es la FGR. El ministerio público es el que señala los posibles o presuntos responsables como base en los que se presenta por la ASF, expedientes completos, con todas las pruebas y posteriormente deciden quiénes son los que van a ser llamados, o el delito en que incurren”, dijo.

Portal Martínez aprovechó para señalar que la corrupción en diversos órganos de gobierno ha generado una crisis en la imagen del servicio público, lo que supone riesgos considerables en la estabilidad de la vida democrática de la entidad y del país.

“Podemos afirmar que al haber llegado al límite tras muchos años de complacencia y de omisión en materia de combate a la corrupción, se han agotado los espacios para la pasividad y el aplazamiento, no queda sino afrontar esta nueva realidad”, dijo.