La Paz, Baja California Sur. Solicitó al gobernador Carlos Mendoza Davis  que el Congreso de Baja California Sur (BCS) respete “la legalidad” y reinstale a 5 diputados destituidos, desde su óptica, de forma ilegal.

Esto luego de la ampliación de la controversia que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derivó en la suspensión de diversos actos. “Extendió la suspensión de los efectos y consecuencias de las sesiones que el Congreso BCS ha realizado desde el 17 de marzo a la fecha”, dijo el gobernador en su cuenta de Twitter.

“Suspendió también la resolución del juicio político contra 8 diputados. Reitero mi postura de que el Congreso BCS respete la legalidad, se reinstalen a los cinco diputados”, detalló.

Pero además dijo necesario someter “de nuevo” la autorización de la planta desalinizadora para Cabo San Lucas (CSL), “apegados a la ley vigente”.

La SCJN ordenó suspender la sentencia del juicio político 02/2020 emitida por el Congreso, de acuerdo al incidente de la suspensión de la controversia constitucional 84/2020. Esta notificación se emitió el pasado 23 de septiembre, en favor de los destituidos: Rigoberto Murillo Aguilar, Elizabeth Rocha Torres, Daniela Viviana Rubio Avilés, Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruíz.

Pero esto ocurrió desde el 22 de agosto, al ser enjuiciados y removidos de sus cargos, e incluso inhabilitados por 2 años para el servicio público. Se incluyó además una amonestación y llamado a “no reincidir en diversas conductas” para José Luis Pérpuli Drew, Anita Beltrán Peralta y Marisela Pineda García, que conservan la curul.

Pero el Máximo Tribunal determinó la necesidad de anular dicha sanción ejecutada, hasta no obtener una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del juicio político.

“Ha lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las sesiones del Congreso de BCS cuya invalidez solicita”, expone el Máximo Tribunal. “Se reitera que existe una situación de inseguridad jurídica derivada de la existencia de 2 grupos que se ostentan como titulares de la Mesa Directiva”, agregó.

Aunque detalló que esta medida estará vigente en tanto el recurso de queja por exceso o defecto 3/2020, interpuesto por el gobernador Carlos Mendoza, sea analizado y concluido. Lo anterior a efecto de que los poderes Ejecutivo y Legislativo puedan continuar ejerciendo “en forma plena” sus atribuciones.

La SCJN determinó además que estos actos tienen conexidad con las controversias constitucionales 45/2020, 63/3030 y 64/2020 y actuó sin prejuzgar el fondo del asunto y ante la falta de seguridad y certeza jurídica declarada por el gobernador.