Cabo San Lucas, Baja California Sur. Al publicar Diario El Independiente una serie de denuncias sobre un presunto fraude con préstamos bancarios en el municipio de Los Cabos, suman las denuncias anónimas en redes sociales con mayores detalles de cómo operan estas empresas para sacarle dinero a sus víctimas.

El “gancho” es decirle a la víctima que tiene autorizado un crédito bancario, una vez acude a las oficinas se les pide un depósito por gastos de honorarios. De acuerdo a un especialista en finanzas, esto es ilegal y es un evidente fraude. 

Recientemente una “ola” de llamadas y mensajes de Whatsapp invitaron a ciudadanos a que acudieran a un local comercial ubicado en una plaza en el centro de Cabo San Lucas (CSL). El mensaje utiliza una fotografía de la Torre BBVA en la Ciudad de México y se hacen llamar “Professional Project”. BBVA en ninguno de sus canales de información oficial tiene relación con dicha empresa. 

Una fuente confiable a Diario El Independiente, reveló que esta empresa “fantasma” opera desde Zumpango de Ocampo, Estado de México, con un centro para hacer llamadas telefónicas. Desde ahí  marcan a ciudades como Aguascalientes, Oaxaca, Saltillo, Ciudad de México y Los Cabos, en donde citan a las personas para pedirles el dinero mediante agresivos contratos que no tienen validez alguna, sólo el fin de asustar e intimidar. 

Dicho nombre, “Professional Project”, no está en la base de datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y no existe ninguna razón social. Por ende, no es legal, pues no está inscrita como institución financiera. Peor aún, ni siquiera hay rastros en Google de la pseudo firma financiera. 

A cada persona les ofrecen créditos en efectivo por trescientos mil pesos aproximadamente, para el cual deben entregar el 10 por ciento, cifra que es la que se pierde en el trámite, han confirmado las víctimas. Ante esto, urgen el llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE), Fiscalía General de la República (FGR) y al propio Ayuntamiento de Los Cabos, a revisar bajo qué permisos o licencias la supuesta empresa puede tener oficinas, citar a personas, y realizar trámites financieros sin un aval oficial de la Condusef.