La Paz, Baja California Sur. La doctora Mónica Jasis Silberg, directora del Centro Mujeres A. C., afirmó que el aborto clandestino es una realidad en el estado. Al conocer sobre la estadística delictiva federal que reconoce que procedimientos de aborto son judicializados en el estado, reiteró, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Libre y Seguro, que las sudcalifornianas y las mujeres de todo el país merecen libertad para poder realizar este tipo de procedimientos sin que se les estigmatice ni tengan que recurrir a prácticas que ponen en riesgo su salud.

De acuerdo con el reporte “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California Sur (BCS), de enero a agosto de este año, seis abortos han sido judicializados como delitos “contra la vida y la integridad corporal”.

Entrevistada al respecto, Jasis Silberg indicó que “la interrupción legal del embarazo tiene cuatro causales en el Estado”, y enumero que el marco normativo actual permite abortar a las sudcalifornianas en caso de violación, cuando el embarazo representa un riesgo para la salud de las mujeres, malformaciones del producto o por inseminación artificial no consentida.

Entrevistada para este diario, indicó que ha sido del conocimiento del Centro Mujeres de casos de mujeres que han fallecido porque se les negó el aborto legal en instituciones del estado, “uno de ellos sucedió precisamente este año”, confirmó.

Además, apuntó que existe la causal del aborto culposo, la cual se da en momentos en que el aborto se termina en un servicio de salud cuando las mujeres llegan con un aborto en evolución por diferentes causas (accidente, aborto espontaneo, etc.). En este contexto, Jasis Silberg recordó que “la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el aborto clandestino es un problema de salud que pone en riesgo la salud de las mujeres, porque las mujeres no acuden a los servicios de salud por abortos que no entran en las causales legales”.

Y es que “las mujeres que quieran abortar lo van a hacer, porque son forzadas sexualmente, porque saben que no pueden mantener a más hijos, o simplemente, porque no quieren ser madres”, ante lo que encuentran barreras legales que les criminalizan y se someten a métodos de interrupción del embarazo que les ponen riesgo.

Al conocer sobre la estadística informada por las autoridades, Jasis Silberg lamentó que si las mujeres, al llegar con un aborto en evolución, pueden indicar que recurrieron a un procedimiento que no entra dentro de las cuatro causales de arriba, los servicios de salud están indicados para dar parte al ministerio público. Esto inclusive a pesar de que, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, se debe tomar como cierta toda declaración de una víctima de violencia en México.

“No debe haber ni un solo caso de mujeres criminalizadas por tomar una decisión”, expresó. “El problema del aborto en Baja California Sur y en México es un problema de acceso a la justicia reproductiva, porque las mujeres ricas y que tienen recursos van a ir con un médico privado y todo queda ahí”. Algo que vio muy diferente con respecto a la clase social menos favorecida, pues, “en cambio, las mujeres pobres tienen problemas para reconocerlo, para decir: sí, mi marido me viola, y esas mujeres deben llegar a los servicios públicos”.

“Es injusto que esas sean las mujeres que siguen siendo criminalizadas”, sentenció al indicar que es urgente que se reconozcan plenamente los derechos reproductivos de las mujeres sudcalifornianas.