Se inconformaron en 2018 por la creación de la Unidad de Evaluación y Control de Auditoría, acusaban duplicidad de funciones; esta nueva unidad también fue vetada por Mendoza Davis en el mismo año de su creación. No contradice la Constitución que tal servidor público sólo pueda ser removido de su cargo por el Congreso local, por causas graves y mediante la misma votación de su nombramiento.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reformas y adiciones a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Baja California Sur (BCS) para la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Mediante un comunicado oficial, anunciaron que son legales las atribuciones que se le conceden para –entre otros aspectos– prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por los funcionarios públicos en la ASE.
Lo anterior, pues el Tribunal Pleno determinó que no existe vulneración al derecho fundamental a la seguridad jurídica, en tanto que no se advierte una duplicidad de funciones entre la Contraloría del Poder Legislativo y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Alude el máximo tribunal al principio de especialidad, ya que la citada contraloría tiene por objeto aplicar el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos adscritos a dicho Poder, mientras que la Unidad de Evaluación ejerce esa atribución respecto de los servidores públicos adscritos a la ASE.
Asimismo, la SCJN validó la disposición donde se faculta a dicha Unidad de Evaluación a sustanciar la investigación preliminar por la "vía especial", para determinar si habría lugar a iniciar un procedimiento de remoción al Auditor Superior del Estado.
En tanto que esa atribución no llega al punto de sancionarlo ni removerlo de su cargo, por lo que no contradice el artículo 66 Quáter de la Constitución local, el cual establece que tal servidor público sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso local, por causas graves y mediante la misma votación requerida para su nombramiento.
La acción de inconstitucionalidad 3/2019 fue promovida por diversos diputados del Congreso de BCS, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la citada reforma publicada en el Boletín Oficial de esa entidad el 12 de diciembre de 2018.
Diputados del Partido Encuentro Social (PES), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Humanista (PH) impugnaron una reforma del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Baja California Sur (BCS).
Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar, Anita Beltrán Peralta, José Luis Pérpuli Drew, Elizabeth Rocha Torres y Daniela Rubio Avilés unieron sus firmas para pedir cancelar dicha adición a la Ley de Fiscalización.
Los mencionados legisladores lograron interponer este recurso, con apenas los 7 necesarios para cumplir el requisito del 33 por ciento de las curules del Congreso para iniciar el trámite.
La creación de la Unidad fue una propuesta de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través del diputado Homero González Medrano.
Fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 y vetada parcialmente por el gobernador, Carlos Mendoza Davis el 20 de noviembre del mismo año.
Posteriormente, el dictamen regresó al Congreso local y fue nuevamente aprobado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sin partido.
Con la Unidad de Evaluación y Control, se pretende vigilar que el titular de la Auditoría Superior del Estado, los auditores especiales y los demás servidores públicos se sujeten a lo que dice la Ley de Responsabilidades Administrativas en la revisión de las cuentas públicas.
Contempla también sanciones por faltas administrativas “no graves” previstas en la Ley y promover la imposición de sanciones de faltas “graves” ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado.
Pérpuli Drew dijo haber impugnado esta nueva unidad ante la SCJN por "repetir" facultades de la Contraloría del Congreso del Estado.
“Están repetidas o son iguales con las que tiene la Contraloría Interna del Congreso BCS, definitivamente fue un recurso muy serio y responsable”, finalizó Pérpuli en una entrevista previa para Diario El Independiente.