La Paz, Baja California Sur.- 

Fueron denunciados Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur (BCS) y 8 diputados de la XV Legislatura inicial por “coalición”, “conspiración”, “ejercicio ilícito”, “abandono del servicio público” y “sedición” contra el Congreso local.

Se incluye a Lorenia Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva,  Rigoberto Murillo Aguilar, Elizabeth Rocha Torres, José Luis Perpuli Drew, Anita Beltrán Peralta, Maricela Pineda García y Daniela Rubio Avilés.

Esto quedó asentado en la carpeta de investigación LPZ/4715/2020/NUC en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con la denuncia de Iván Antonio Castro Beltrán.

Los delitos sumados en su penalidad máxima arrojarían hasta 40 años de prisión, señala, fundado en los artículos 270, 279, 378 y 384 del Código Penal de BCS.

“Más la destitución e inhabilitación para desempeñarse como servidora o servidor público”, se expone además.

La PGJE deberá turnar dicha carpeta de investigación al Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

“A su vez, deberá pedir un informe al Congreso del Estado de estas personas y agotar de manera exhaustiva y profesional todas las líneas de investigación pertinentes”, señala.

Esto para que se determine si el gobernador se “organizó” con demás imputados para “afectar” al Poder Legislativo Estatal.

“Tanto de acción (policía en el recinto legislativo, daños al Congreso, violencia en sesión de sede alterna, etc) como de omisión (no pagar las quincenas correspondientes, no transferir recursos, no prestar la fuerza pública a pesar de ser requerido, etc)”, señala el denunciante.

Se hizo un llamado al oficial mayor del Congreso de BCS, Marcos Emiliano Pérez Beltrán, en este caso como “representante legal” para aportar las pruebas necesarias.

“Todos los elementos de informes y pruebas, con los que cuenten y que tengan relación a la afectación recibida en las actividades legislativas por los ahora imputados”, solicita.

Además el denunciante hizo un llamado al procurador, Daniel de la Rosa Anaya, a “que se abstenga” de favorecer al gobernador o los demás imputados; principalmente que “no interfiera” con la investigación.

“En caso de considerarlo necesario acudiré a la Justicia Federal para que avance la investigación o bien ante la Fiscalía General de la República si de las indagatorias se desprende algún requisito para que se ejerza la facultad de atracción de esta”, advirtió el ciudadano.

“Que sea desde la Federación y la autonomía del Fiscal correspondiente que se determine si existe la presunta responsabilidad tanto del Gobernador como de los demás imputados”, finalizó. 

Por otra parte expuso que habrá “nuevas acciones” contra la penosa situación histórica, con una solicitud de juicio político contra el propio Carlos Mendoza Davis y “presuntos cómplices”.

Además de amparos ciudadano por la “omisión de publicar decretos”, así como una petición de particulares al Congreso de la Unión para que quede constancia de las “violaciones graves” a la Constitución que se comete en el Estado.

Además de una petición a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Presidencia de la República para que se ponga “especial atención” al clima de ingobernabilidad en BCS