La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó “no investigar” la denuncia contra el gobernador, Carlos Mendoza Davis y 8 diputados iniciales de la XV Legislatura, por afectaciones al Congreso de Baja California Sur (BCS).

Tampoco investigarán a los diputados del Bloque “PAN, PES, PRD, PRI Y HUMANISTA”: Lorenia Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva,  Rigoberto Murillo Aguilar, Elizabeth Rocha Torres, José Luis Perpuli Drew, Anita Beltrán Peralta, Maricela Pineda García y Daniela Rubio Avilés.

El abogado Iván Antonio Castro Beltrán denunció “coalición”, “conspiración”, “ejercicio ilícito”, “abandono del servicio público” y “sedición” contra el Congreso local; esto no fue tomado en cuenta por la autoridad.

De acuerdo al agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Cota Aguilar, esta denuncia sería procesada con la facultad de “abstenerse de investigar”, según notificó al denunciante el pasado 4 de septiembre mediante oficio.

“El cálculo natural es que el Gobernador, que no respeta a las instituciones del Estado y se siente una especie de monarca […] iba a controlar a la Procuraduría para que simularan investigar y determinaran que él ni sus presuntos cómplices cometieron delito alguno”, dijo el denunciante.

“Sin embargo, cuál fue la sorpresa que ni a eso llega nuestro Señor Gobernador, se encuentra en el descaro total y el día 2 de septiembre de 2020 sin motivación legal alguna el Ministerio Público Lic. Miguel Ángel Cota Aguiar, determinó la facultad de abstenerse de investigar, así, sin más”, dijo.

Esto significa, aclaró el denunciante, que además de no investigar, se privará la oportunidad al Congreso de BCS de rendir un informe señalando las irregularidades acusadas.

“No es necesario explicar por qué esta determinación es ilegal y fuera de toda lógica, porque la lógica en el Estado es que no hay lógica, sólo una exhibida histórica de nuestro Ejecutivo que no se la quita ni con todos "los kilos" del mundo”, añadió el acusador.

Pero dijo que a pesar de esta respuesta “nada cambia”, ya que tras promover el juicio de amparo 443/220 el Juez Primero de Distrito requirió al Gobernador para que informe.

“Dentro de 3 días, que diga si recibió el oficio en el cual le pedía que rindiera su informe con justificación”, expuso Castro Beltrán.

“Ya les comento si nuestro Gobernador cumplirá con la orden del juez federal y firma los oficios de respuesta o lo delega a otro funcionario para no gastar tinta de su pluma”, finalizó.