· No habrá fianza para quienes hagan uso de recursos públicos en campañas de BCS: Marina Garmendia
La Paz, Baja California Sur. Los mecanismos para perseguir delitos electorales siguen sin contemplar actos anticipados de promoción política. Cuando comienzan las campañas electorales propiamente dichas, es cuando las autoridades tienen capacidad para realizar ejercicios de fiscalización y la persecución de delitos electorales.
Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur (BCS), relató a Diario El Independiente que el instituto sólo puede trabajar con base en denuncias, ya sea por los electores o partidos políticos, tanto en delitos electorales, como en el financiamiento indebido de campañas.
La funcionaria electoral planteó nuevos mecanismos para operar en las elecciones que se aproximan, entre los que destacan reformas que buscan disuadir a los actores políticos del uso de recursos públicos con fines político-electorales.
Recientemente entrevistada por este matutino, Garmendia Gómez recordó que las reformas aprobadas por el Congreso radican en que no se va a presumir la inocencia cuando se den acusaciones por el uso de recursos públicos durante las campañas, por lo que los acusados no van a gozar de libertad bajo fianza y permanecerán privados de la libertad cuando se investiga el delito.
“Esta reforma tiene la intención de impedir que los funcionarios públicos usando su cargo, y recursos humanos y financieros, lo ponga a disposición de su campaña”, expresó Garmendia Gómez, lo cual representa, dijo, un “un nuevo elemento que busca disuadir este tipo de conductas”.
“A veces un indicio, una imagen, una foto puede ser fuera de contexto, una imagen de algo que ocurrió, por lo que”, dijo, “en las campañas que se avecinan se habrá de implementar un equipo de fiscalización que se verá fortalecido durante los procesos electorales”.
De acuerdo con la máxima autoridad del INE en el estado, el partido o el candidato que participe en las próximas elecciones “deberá previamente indicar dónde se realizan cada uno de los actos de campaña y el personal de fiscalización tomará nota de cuántas personas asistieron, si había espectáculos, por ejemplo, si tocó un grupo, si hubo entrega de alimentos o regalos”.
Un reporte por parte del personal del INE presente será enviando por medio de una aplicación digital a las oficinas centrales, continuó Garmendia Gómez, “y si con esa información contrastamos lo que hace el partido político, si vemos que la información es equivocada, el partido nos debe dar un informe con respecto al gasto que sí se realizó”.
“Pero si un candidato, sin avisar al instituto, se reúne con personas en una casa, digamos la casa de un vecino, y ahí sí hay tortas, tacos, burritos y llega un trío a tocar, se hace pues, un mitin ahí gastando recursos de los que la autoridad no está informada, entonces se está cometiendo una irregularidad”, aseguró, aunque dijo que sería difícil para el INE perseguir esta situación.
A partir de indicios, sin embargo, se puede iniciar una investigación, apuntó Garmendia Gómez. “Justamente la información que pueden estar dando personas sería útil para poder iniciar esta investigación”, por lo que, consideró, la vigilancia ciudadana sería importante donde “el instituto simplemente no tiene capacidad para dar un marcaje personal, que sería francamente imposible”.