La Paz, Baja California Sur. Organizaciones de la sociedad civil informaron que colaboran promoviendo amparos colectivos en los juzgados federales de la entidad, donde un grupo de ciudadanos exige a las agencias gubernamentales mexicanas, tanto ambientales como energéticas, que dejen de impedir la entrada de energías renovables al sistema aislado de Baja California Sur (BCS) y, por medio de otras demandas, al resto del país.

Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa, en la que participaron la organización ambiental internacional Greenpeace, el Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la asociación civil “Cambio de Ruta”.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, dijo que el amparo colectivo nacional contra el cambio climático se ha promovido en 24 estados de la república mexicana. “No sólo se impugna el acuerdo que obstaculiza las energías renovables, sino que se reclama la carencia de políticas ambientales y el concepto de gozar de un planeta sano”, dijo, al indicar que estos procedimientos legales piden que el Estado Mexicano se adecúe al cumplimiento de tratados internacionales como el Acuerdo de París, para que se declare de alguna forma la emergencia climática en México.

Mario Sánchez, de CEMDA, indicó que estas acciones legales dan cuenta de que el país pasa un momento difícil en su política energética, “que estas acciones legales cuestionan el modelo energético gubernamental basado en combustibles fósiles […] y que, al acelerar el cambio climático, se vulneran los derechos humanos”.

Jaqueline Valenzuela, de CERCA, comunicó sobre las acciones legales en BCS, las cuales son “iniciadas por ciudadanas y ciudadanos de cuatro municipios de Baja California Sur: iniciar acciones legales colectivas […] por el aumento de la contaminación, apagones concentrados en los municipios de vocación turística y por contar las tarifas más altas del país”.

Por ello, la ciudadanía, a través de ese amparo, “pide el abasto garantizado de electricidad, energía limpia y no contaminante y que se otorguen beneficios vigentes de generación distribuida para disminuir la tarifa eléctrica”, esto último para “instalar paneles solares en sus casas”.

“Desde 2016, Baja California Sur fue privado de los beneficios de la generación distribuida. Contamos con un parque de generación obsoleto basado en el uso de combustóleo alto en azufre, que produce mucha contaminación, altos costos en salud y afectaciones graves a los ecosistemas de la región. Pagamos la tarifa eléctrica más cara del país, pero no tenemos garantía de suministro.”, denunció Jaqueline Valenzuela.

Luis González, de la asociación Cambio de Ruta, dijo que “el amparo en Baja California Sur forma parte de una estrategia jurídica que cuestiona al Gobierno Mexicano por no establecer ninguna estrategia prioritaria, ninguna acción puntual que permita al pueblo sudcaliforniano contar con acceso directo a las fuentes renovables de energía”.

Los actos reclamados inicialmente no fueron admitidos por el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Expediente: 497/2020), aun así, el equipo legal y técnico combinado de dichas asociaciones estima ser capaz, durante una audiencia incidental a celebrarse en fecha próxima, de dar “la pelea” y avanzar hacia una sustentación suficiente de que sí existe materia para que los ciudadanos de BCS consigan el amparo constitucional en este sentido, ante su aislamiento energético.

“En la audiencia incidental, vamos a mostrar la real existencia de los actos reclamadas, donde las acciones para aumentar la capacidad de las centrales convencionales son sólo a base de fósiles en la entidad, y donde se da un acuerdo donde se limita el uso de fuentes renovables por la comisión reguladora de energía”, aseguró Luis González.