Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Archivo General de la Nación (AGN) y otras instituciones de conservación de archivos mexicanas preparan una estrategia jurídica, que presentarán la próxima semana, para reclamar documentos presuntamente del patrimonio nacional, informó Samuel Guzmán, subdirector de Difusión del órgano rector en la conservación de archivos en México.

En esa fecha se informarán más detalles de la estrategia en el nivel internacional. La SRE marca el camino, ya que ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ni el AGN tienen atribuciones diplomáticas, adelantó a La Jornada.

El AGN lidera el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos, en aras de endurecer las medidas y fortalecer los recursos que tienen los archivos de los estados nacionales para hacer frente a este tráfico ilícito, mencionó Samuel Guzmán.

Además, la próxima semana se instaurará un grupo asesor a escala internacional de ese grupo de trabajo, que contará con especialistas de los países miembros, en torno a la defensa del patrimonio documental, agregó el vocero.

El tema surgió cuando el AGN presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la casa subastadora Morton y las demás personas que resulten responsables, por la probable comercialización del Patrimonio Documental de la Nación.

Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del AGN, se reservó declarar sobre el tema, pues la institución que dirige colabora en las diligencias con peritajes sobre las piezas documentales, refirió el portavoz.

A raíz de los reclamos de México, la estadunidense Swann Galleries retiró la oferta de un documento vinculado a Hernán Cortés. Se trata de una iniciativa liderada por la cancillería a partir de las denuncias que hizo el INAH en torno a este documento y otros, que desde 2017 han sido puestos a la venta por esta casa subastadora.

El historiador David Vázquez, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, reconoció que Carlos Enrique Ruiz Abreu conoce muy bien el tema, aunque el AGN no tiene la capacidad operativa para realizar la conservación de todos los archivos en México, pues sus recursos económicos son insuficientes.

Hay que hacer un esfuerzo interinstitucional entre sociedad civil, centros de investigación y universidades para que en un programa piloto se pueda monitorear y evitar el saqueo del patrimonio, así como “promover las declaratorias de patrimonio documental, y realizar un programa de difusión permanente para concientizar a todos.

Sostuvo que “el saqueo de documentos es un tema que ha estado siempre presente, a veces con mayor peso, como en este caso. Por ejemplo, en San Luis Potosí hemos visto cómo se han saqueado iglesias o libros en la catedral. Y esto ocurre en muchas partes del país. Hay preocupación entre los historiadores desde hace muchos años, incluso hablaría de décadas.

Vemos con mucha preocupación esto, porque nos damos cuenta de cómo poco a poco se van saqueando los archivos históricos y las instituciones no acaban de establecer una estrategia de protección más allá de definir como delito la venta de documentos.

Archivos comunitarios, desprotegidos

Vázquez destacó que la legislación tiene cosas buenas, aunque hay otras que no contempla, como la creación de los archivos comunitarios. Hay muchas comunidades indígenas, ejidos o poblaciones que tienen sus documentos, dotaciones de tierra e historia, y no están resguardados o protegidos. No han tenido asesoría para permitir que los integren, los protejan o restauren.

Vázquez sostiene que la protección de documentos es importante dado que estamos en una serie de disyuntivas. No sólo el nuevo gobierno y la pandemia nos están haciendo que pongamos atención en algo muy importante para que un Estado se consolide, que es la cohesión social, en la que destaca la identidad y lenguajes comunes. El patrimonio documental nos permite construirlos.

Se manifiesta por el compromiso de las instituciones, maestros e historiadores de demostrar que los papeles antiguos no son sólo eso: son testimonios del actuar de las instituciones y de las personas, que tomaron decisiones para mejorar la calidad de vida de quienes los rodean, y no concebirlos como papeles que pueden ir a la hoguera o que sin mayor consideración pueden venderse en el mercado negro.

Esos testimonios nos dan cuenta de una identidad o de un Estado. Esa es la importancia de los documentos que son ahora patrimonio nacional documental. Perderlo es perder retazos de historia y la oportunidad de contribuir a la redefinición de la nación, concluyó David Vázquez.