San José del Cabo, Baja California Sur. Primero fue el gobernador, Carlos Mendoza Davis, quien a través de redes sociales publicó un video en el cual solicitó a diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) a acatar lo ordenado por el Poder Judicial Federal y permitir la reinstalación de los 5 diputados oposición, para que a su vez se vuelva a votar y aprobar la planta desalinizadora para Los Cabos. Sin embargo, el tiempo prácticamente se agotó, ya que el plazo para que el Ayuntamiento de Los Cabos publique las licitaciones de la obra vence mañana miércoles y para ello necesitaban que  el gobernador publicara la aprobación de la planta en el Boletín Oficial del Estado.

Tan solo 2 minutos después de que Mendoza Davis publicó en redes su video, la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán hizo lo propio y publicó un video, de menor duración que el de Mendoza, en el cual simplemente informó que interpusieron una controversia constitucional como Ayuntamiento de Los Cabos y Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) para evitar que el proyecto de la planta, el cual lleva 2 años de gestión, pero 7 años de trabajo, se pierda.

 “A 2 años de tomar protesta continúo trabajando para cumplirle a la ciudadanía con el tema del agua potable, es por eso que el día de hoy interpusimos una controversia constitucional a cargo de la Sindicatura Municipal. Nuestra preocupación es una sola, por ello trabajamos en conjunto un término que establecimos con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador: agua para Los Cabos”, dijo en su publicación la alcaldesa.

La alcaldesa volvió a expresar que su gobierno trabajó en el protocolo que le marcó el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para lograr la planta, es por ello que no se detuvo en los trámites, es decir no solo espero a que Mendoza decidiera publicar o no y acudió ante las instancias correspondientes, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tal como lo advirtió el pasado 2 de septiembre en una rueda de prensa.

Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal, explicó que fue ayer mismo cuando se presentó ante la SCJN la controversia. “Esto con el ánimo de hacer efectivos los trabajos y efectos de lograr la desaladora en Cabo San Lucas”, dijo el representante legal del Ayuntamiento.

En su video, Castro Guzmán estuvo acompañado de Rigoberto Arce, tesorero municipal, el síndico Alejandro Fernández y el director de OOMSAPAS, Arturo Sandoval. Sin embargo, la alcaldesa de Los Cabos dijo que “no se mete” en la institucionalidad de ambos poderes.

“Sin meternos en la institucionalidad y las obligaciones que tiene cada uno de los poderes, tanto el legislativo, como el ejecutivo nos ayude a llevar a buen fin el término que establecimos con el presidente de la república. Necesitamos agua para Los Cabos”, finalizó Castro Guzmán.

Una controversia constitucional es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados o entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados. Se le considera un procedimiento de control de la regularidad constitucional.