La Paz, Baja California Sur.- Para que juicios políticos procedan, deben der ratificados por sus denunciantes de acuerdo al proceso del Congreso de Baja California Sur (BCS), dijo el diputado coordinador de la fracción de Morena, Humberto Arce Cordero.

El legislador reconoció que tuvo conocimiento extraoficial sobre denuncias de juicio político contra Armida Castro y Walter Valenzuela, presidentes municipales de Los Cabos y Comondú.

“En su momento fueron promovidos a finales de 2018, por lo que se ha sabido en notas […] esta denuncia para que sea procedente tiene que ser ratificada [por la parte acusadora]”, dijo Arce.

Explicó que cuando llegan este tipo de trámites al Poder Legislativo, que representan denuncias o juicios políticos, contra diputados o funcionarios, es turnada a una comisión.

“Es turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. Se hace un dictamen, si procede, no procede, hay procedencia o no de acuerdo a lo que se acuse”, dijo el diputado.

“Desconozco si se hizo. La comisión de puntos constitucionales ha tenido 3 titulares: Esteban Ojeda, Perla Flores y ahora Petra Juárez”, expuso el diputado Humberto Arce.

Dijo que Perla Juárez, como presidenta de la comisión, podría hablar sobre el proceso del dictamen en caso de que existan estas ratificaciones y denuncias.

“No ha presentado ningún dictamen contra Walter o Armida, desconocemos la razón, quizá porque no fueron ratificadas o quizá tienen alguna obvia improcedencia”, señaló el diputado.

Cerca de 8 meses fue presidida por Perla Guadalupe Flores Leyva, del Partido Encuentro Social (PES), pero “nunca envió el dictamen”.

“Ni favorable ni en contra de una petición de juicio político. No es una cuestión de partido, el resto del pleno no hemos sido notificados”, expuso Arce Cordero

“Para un juicio político no es nada más que alguien lo pida tiene que haber procedencia y comisión tiene que decir si es procedente o no”, dijo el diputado.

Posteriormente explicó que debe crearse una Comisión Instructora para cada uno de estos juicios políticos, que “demuestra” o “descarta” si el inculpado o el funcionario tiene responsabilidad.