La Paz, Baja California Sur.-

La “mayoría artificial” de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Baja California Sur (BCS) cometieron el delito de desacato al enjuiciar políticamente a los 8 diputados de oposición y destituir a 5 de ellos.

Lo anterior sentenció el gobernador, Carlos Mendoza Davis, en uno de sus mensajes en video dirigido a los sudcalifornianos, en donde los acusó de violar la “orden expresa de un juez federal” e ignorar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que con el juicio político se afectaron a diputados “de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias”, a quienes dijo Morena busca “destruir”.

“Las minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional que, por decir lo menos, atropella el estado de derecho”, acusó el panista.

 “A pesar de existir una orden de nuestro máximo tribunal […] para que se reestablezca la conformación integral del Congreso […] retrotraerse a la última sesión que presidió la diputada Daniela Rubio”, dijo además el gobernador.

En este momento aseguró que las instrucciones de la SCJN “no fueron atendidas” y por tanto nuevamente “afecta de nulidad” por ilegales los actos realizados “desde entonces y que realiza hasta ahora la mayoría artificial”.

“Todos los actos posteriores a esa sesión son inválidos, por lo que en línea con lo determinado por la Suprema Corte, me abstuve de publicar acuerdos, leyes, y decretos que fueron aprobados posteriormente a esa sesión”, añadió el gobernador.

Expresó que la sesión del pasado 22 de agosto donde se destituyeron diputados: “es también a todas luces ilegal y, por ende, inválida”.

Dijo que la Ley Orgánica del Congreso de BCS no ha entrado en vigor, porque fue expresamente suspendida por la SCJN, a pesar que los diputados de Morena, han replicado que nunca se ha requerido promulgarse sus reformas por otro poder para que sean válidas.

“No ha entrado en vigor porque fue expresamente suspendida por la Corte en la controversia constitucional que como titular del Ejecutivo interpuse”, señaló el gobernador.

Defendió los “beneficios” para los 8 diputados que fueron “ilegalmente sometidos a juicio político”, ya que un juez de distrito ordenó al congreso no sentenciarlos; no obstante la notificación llegó 1 día después, informaron los diputados.

“Expresamente concedió la suspensión a los demandantes e instruye al Congreso se abstenerse de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido”, defendió el gobernador.

“La decisión de destituirlos y amonestarlos representa una flagrante violación a la Ley de Amparo. Más aún, materializa la comisión del delito de desacato por parte de los diputados y diputadas que votaron la resolución el pasado sábado”, acusó.

Dijo realizar un “análisis exhaustivo” ante las implicaciones jurídicas de este suceso, por lo que además seguirá ampliando sus demandas ante la SCJN contra el Poder Legislativo.

“Lamento que las señoras y señores diputados locales de Morena y el Partido del Trabajo desacaten determinaciones de la autoridad judicial. Con ello violentan flagrantemente el principio de división de poderes que curiosamente, tanto reclaman se respete”, les respondió.

Les reclamó “ser insensibles” en momentos de dolor de COVID-19 y dijo necesario “anteponer diferencias políticas” a las necesidades de la gente; “no perdernos en la ambición y la politiquería”, recomendó.

Además adelantó que “se retrasarán” los proyectos anunciados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para desalinizar agua en La Paz y Los Cabos.

“Para lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos”, expone el gobernador.

“Si posteriormente la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es ilegal […] dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales”, advirtió.

Adelantó que no aceptará nada, aunque los diputados de Morena “aprobarán en breve” con su integración “espuria”, el proyecto de la desaladora para Los Cabos; anunció que ellos “harán creer” a la gente que es el Poder Ejecutivo el que se opone al mismo.

 “La Presidenta municipal de Los Cabos sabe, porque personalmente lo hemos comentado, que gobierno estatal y municipal tenemos coincidencia y hemos trabajado juntos en el proyecto”, expuso.

“No se pueden resolver problemas violando la ley. No aquí. No conmigo como gobernador […] juré también ver por los intereses de la gente antes que los de mi partido. Eso hago”, finalizó.