San José del Cabo, Baja California Sur. - Si bien, para algunas personas la invasión ilegal de terrenos tiene que ver con cuestiones de necesidad ante la falta de programas de vivienda o suelo urbano, para otras esta práctica sigue representando una forma de hacer negocios y dinero, y estos tiempos difíciles de pandemia no son la excepción. 

Sin ninguna certeza o seguridad jurídica, incluso hay quienes en redes sociales continúan evidenciado esta práctica, teniendo como única garantía auto acreditarse como propietarios del espacio de tierra.

La plusvalía del terreno se determina si el mismo cuenta ya con servicios de agua potable y luz, mismos que también se obtienen de manera ilegal, así como ubicación, medidas e incluso si posee instaladas cercas o protecciones perimetrales. 

Otro aspecto que negociadores de predios invadidos toman en cuenta, es la existencia de construcciones, ya sea improvisados cuartos fabricados con madera y cartón o bien, fachas que estén dentro de la apariencia de una vivienda. 

En tiempos de la contingencia sanitaria por COVID-19, un terreno en zona de invasión, sin contar con la mayoría de los aspectos antes descritos, se ofrece hasta en 22 mil pesos, y en algunas ocasiones los “propietarios” también aceptan cambios por vehículos o se muestran accesibles a los “traspasos”. 

Cabe recordar que, durante junio pasado, aprovechando la pandemia de COVID-19 decenas de personas pretendieron apoderarse de tierras ejidales ubicadas en la colonia que se conoce como La Ballena, en San José del Cabo, lo que en varias ocasiones derivó la movilización de autoridades. 

Asimismo, esta situación orilló al Ejidal San José del Cabo a iniciar con procedimientos legales correspondientes por delito de despojo, lo que arrojó la detención de al menos cinco personas. 

Desde hace tiempo, la venta ilegal de terrenos- ubicados principalmente en zonas catalogadas de alto riesgo- sigue siendo un serio “dolor de cabeza” tanto para las autoridades, ejidatarios o dueños de parcelas.