Si tomamos como principio aquella vieja sentencia de: no hagas cosas buenas que parezcan malas,  habremos de asegurar que con eso de adjudicar ---y no licitar-- obras, Andrés Manuel López Obrador está dejando un vacío muy cuestionable. Que por consecuencia, merece críticas y no solamente de parte de los conservadores, o en su caso de los liberales, sino de todos.

¿Por qué? Simplemente porque cualquiera sabe que la adjudicación de obras puede constituir un excelente pago de apoyo  a quienes hicieron gastos en campañas. Así de simple.

Y es altamente criticable,  porque las adjudicaciones directas o invitación restringida, son el esquema de contratación menos transparente. Y pese a que estas despiden una fuerte fetidez a deshonestidad,  hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado mayoritariamente por esa modalidad.

Por eso es que en materia de transparencia y combate a la corrupción, el hecho de no someter a licitación las obras, se ve como una acción opaca. Y aun cuando la adjudicación directa es una figura de excepción, aunque legal, se está viendo como el peor de los escenarios de la 4T en esta materia.

Y es que por los cuatro puntos cardinales el aire sopla llevando la expresión anticorrupción como una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Aunque al menos por ese detalle de la no adjudicación de obras, pareciera que ese aire hoy sopla en contra de la 4T.

Obvio que es muy censurable, sobre todo cuando todos sabemos que si de antemano existen Licitaciones amañadas con materiales de mala calidad, además de contratos inflados, por ende podemos asegurar que la adjudicación directa se presta para otras prácticas insanas, dejando al libre albedrío el beneficio de la duda.

Es por eso que tanto  la Academia,  como las Ongs, sin descartar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  se han enfrascado en debates para atacar esta nociva práctica que muy a pesar de lo que opine la Cuatro Te, tiene visos de  corrupción.

Justamente el investigador de Mexicanos contra La Corrupción y la Impunidad, explicó que las licitaciones se pueden hacer de tres maneras distinta: pública donde cualquiera puede participar, restringida en la cual el gobierno invita a ciertas empresas y de asignación directa que es cuando se asigna a una sola persona e hizo énfasis en que “la licitación pública es el método que debería reinar, la mayoría de los contratos de esta administración”, y tras sostener que en este caso,  “el 74% se han entregado por asignación directa”, reafirmó que “ninguna obra se ha entregado por licitación pública”.

Para darnos una idea de la gravedad de este asunto, habremos de decir que justamente el 2020, se considera como el año con más adjudicaciones directas por parte del gobierno federal en más de una década.

Al menos, de acuerdo con un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción, esta figura a la que hago hoy referencia  ha sido empleada por la administración de AMLO en 78.2 por ciento de las contrataciones en los primeros 5 meses de 2020. En tanto que el récord en este rubro fue de 78 por ciento en 2019. En cuya crítica obviamente estamos hablando de la misma administración.

Hay que decir que a inicios de la administración de López Obrador se asignaron 89 mil millones de pesos en contratos y obras sin licitar, lo que se consideró  como una vieja costumbre que también manejaron otros.

Pero, ¿qué es lo que falta?...  asumir la responsabilidad histórica de convertir las leyes de obras y de adquisiciones en verdaderos instrumentos anticorrupción y transformar el marco legal. Se necesita una ley general de obra pública que se aplique en todo el territorio nacional y en los tres poderes, una ley general de adquisiciones, que también se apliquen a nivel nacional para no dejar resquicios a la corrupción en ningún municipio. 

Porque la industria de la construcción es una las más afectadas por la corrupción en el ámbito privado y público. Lo que pasa es que en el ámbito privado se llama fraude, no lo llamamos corrupción, y por ende se litiga por la vía civil. Y es que  son más conocidos los actos de corrupción en obras con el gobierno, porque el gobierno es el cliente más importante de las empresas en todo el planeta. Porque los proyectos son mucho más grandes. 

Está empezando una transformación. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hace tres años empezó a asumir la responsabilidad que tiene el empresariado, pero la manera en que sabremos si realmente estas acciones gremiales están empezando a surtir efectos es si las empresas cambian, si las constructoras cambian sus políticas, si evitan ser parte de la corrupción y la extorsión por parte de las autoridades y las denuncian. Ahorita lo que está cambiando es el gremio, la cúpula, los consejos gremiales, pero lo que tiene que cambiar es la empresa, y la empresa es la que se encuentra de manera cotidiana y sistemática con el gobierno.

En fin. Es evidente que este gobierno ha avanzado en el combate a la corrupción, aun cuando el presidente había anunciado que no estaba entre sus prioridades investigar el pasado reciente y que su interés estaba en enfocar todos sus esfuerzos en evitar cualquier acto de este tipo en su administración. Esto es importante porque desde su inicio, el combate a la corrupción ha sido la bandera del gobierno y en gran medida, explica el nivel de aprobación con la que actualmente cuenta el presidente positiva, reflejo de que se ha ido avanzando.

Seguro estoy entonces que el presidente entiende que para realizar un cambio verdadero y trascendente se tiene que acabar con la corrupción. Por tanto, es el presidente quien no debe dejar huecos como los está dejando, porque por ahí se le puede colar ese mal que dice combatir.

Y sin duda que el problema más grande de una licitación pública siempre inicia en la campaña electoral. Ya después viene una inadecuada planificación de obras que nada tiene que ver con las necesidades de la población. Y finalmente se da inicio a los proyectos, muchos de los cuales no aseguran las condiciones mínimas de viabilidad y terminan por ser solo “elefantes blancos”.

Es más, coincido con el presidente respecto a la detención de peces gordos, pero hay ocasiones en que se deben detener también los otros peces, porque de nada sirve pescar peces gordos, mientras las aguas donde estos crecen siguen otros engordando. Cuestión de tiempo.