La Paz, Baja California Sur.- La segunda planta desalinizadora y la mejora de la red de agua potable para Cabo San Lucas (CSL) requieren para iniciarse, ser aprobados por el Congreso de Baja California Sur (BCS).

Lo anterior por ser esquemas de Asociación Público Privada (APP), de acuerdo a la ley, señaló la diputada Milena Quiroga Romero, presidenta de la Comisión del Agua.

Poder iniciar las licitaciones de ambos compromisos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se requiere publicar decretos legislativos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

Esto a pesar de que el gobernador, Carlos Mendoza Davis, se ha negado a publicar los decretos por una presunta "crisis jurídica y de legitimidad" por no reconocer una sola mesa directiva, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La desaladora para dicha comunidad del municipio de Los Cabos, tiene una proyección de 25 años para su construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación  con capacidad de 250 litros por segundo.

“Estamos esperando que esa iniciativa la Mesa Permanente, la turne a las comisiones. Si se recibió algo por cualquier instancia, se debe recibir y en la próxima sesión ordinaria se turna”, dijo la diputada Quiroga a Diario El Independiente.

Entonces las comisiones involucradas deberán realizar un análisis de factibilidad, para entonces emitir un dictamen que deberá ser votado por los 21 diputados en funciones.

“El Ayuntamiento de Los Cabos requiere este decreto para dar cualquier contrato o iniciar una licitación para este proyecto de la desaladora”, expuso.

Esto ocurre de igual manera con el Plan de Manejo Integral de Gestión para Eficientar la Red de Agua Potable de Los Cabos, ya que ambas son APP’s.

“Se manejan bajo la figura de APP y se requiere permiso del Congreso también para dar un permiso de contrato, bajo este esquema, es necesario lo dice la ley”, dijo Quiroga.

Dijo que ambos proyectos deben ir “de la mano” ya que sería contraproducente instalar una desalinizadora “con una red obsoleta”.

“De por sí es agua muy cara como para estarla desperdiciando en fugas, sería muy lamentable la inversión que se va a hacer. Tiene que ir de la mano con un proyecto aparte, costo aparte”, expuso.

“Tenemos que revisar, es el trabajo de nosotros como legisladores, ver que efectivamente convenga hacer uso de esta figura, de estos compromisos”, dijo.

“Porque estaríamos diciendo que cualquier otra forma no estaríamos en posibilidades de hacerlo, que se justifique el hecho de hacerlo mediante APP”, expuso.